Derecho del Consumo: bibliografía

ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 26, 27-34

2011-02-11T04:26:00.000-08:00

El Informe de la Comisión Europea sobre la eficacia de los controles de las importaciones de alimentos, piensos, animales y vegetales
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ISABEL SEGURA RODA
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.1. Introducción
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A finales del año pasado, la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un Informe sobre la eficacia y la coherencia de los controles sanitarios y fitosanitarios de las importaciones de alimentos, piensos, animales y vegetales[1]. Mediante dicho Informe la Comisión respondía a la invitación del Consejo que, en 2008, solicitó la elaboración «… antes de finales de 2010 [de] un informe sobre la eficacia y coherencia de los controles sanitarios y fitosanitarios de las importaciones de alimentos, piensos, animales y vegetales, con vistas a seguir manteniendo un marco comunitario para las importaciones que funcione correctamente, junto con las propuestas adecuadas, si procede»[2].
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El citado Informe (en lo sucesivo, el “Informe de la Comisión”) trata de un tema muy importante, puesto que, a pesar de que es en gran parte autosuficiente para la mayor parte de los productos alimenticios, la UE necesita importar ciertas mercancías que no produce, o produce en muy poca cantidad, como té, café y especias, o porque su producción no basta para satisfacer la demanda, como en el caso de pescado y de piensos. Además, «los consumidores exigen una gama cada vez más amplia de productos y las empresas tienen que importar materias primas [que] abastecen en gran parte a la industria alimentaria de la UE, que produce mercancías de alto valor para el consumo nacional o la exportación a terceros países»[3].
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2. Marco legislativo
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Los requisitos generales de la seguridad alimentaria están establecidos en las siguientes normativas comunitarias:
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- el Reglamento nº 178/2002[4], que dispone que la política de seguridad alimentaria de la UE debe garantizar la libre circulación en el Mercado interior, perseguir un elevado nivel de protección de la salud humana, proteger los intereses de los consumidores y velar por que los alimentos y los piensos importados cumplan requisitos que ofrezcan garantías equivalentes de seguridad; y
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- el Reglamento nº 882/2004[5], que prevé el marco general de los controles oficiales de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros y de la Comisión para verificar el cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos, la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales y, en cierta medida, las disposiciones fitosanitarias.
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Concretamente, en cuanto a los productos importados, el Reglamento nº 882/2004 establece los principios generales en los que se basan las condiciones de importación, el reconocimiento de la equivalencia[6], la aprobación de los controles previos a la exportación realizados por las autoridades competentes de terceros países y el reconocimiento de que determinadas mercancías pueden requerir controles específicos antes de su introducción en el territorio de la UE. Asimismo se encomienda a la Comisión que recoja información pertinente de socios comerciales y realice inspecciones en terceros países. En cumplimiento de lo dispuesto al respecto, cada año, la Comisión presenta al Consejo y al Parlamento Europeo un informe general sobre los controles oficiales realizados en los Estados miembros en materia de seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar de los animales y fitosanidad[7].
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3. Aplicación de controles armonizados y basados en los riesgos
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Teniendo en cuenta que es esencial garantizar la seguridad de los alimentos que se comercializan, tanto por lo que se refiere a las importaciones como a la producción europea de alimentos, piensos, animales y vegetales, «los riesgos de las mercancías importadas se evalúan en función de las amenazas que conllevan para la salud humana, animal y vegetal; a mayor nivel de riesgo, más estrictas condiciones de entrada en la UE y, por lo tanto, más controles»[8].
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Según la Comisión, en este contexto, las condiciones de importación se establecen en función de la categorización del riesgo de cada producto, teniendo en cuenta diversos factores en cualquier momento dado, incluyendo «información sobre brotes de enfermedad, datos comerciales, interceptación de productos no seguros o no conformes y pruebas científicas»[9]. En el Informe de la Comisión se nos informa de que también se recibe información de asociados comerciales sobre las garantías que ofrece el sistema de control de un tercer país, lo que incluye la legislación aplicable y las normas de seguridad. Además, se llevan a cabo inspecciones en los Estados miembros y en terceros países para evaluar con qué medios cuentan para realizar controles apropiados. En caso de brote de enfermedad grave o si cambia el nivel de riesgo, se decide qué medidas específicas de salvaguardia son necesarias en la fase de importación.
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Como atinadamente se subraya en el epígrafe nº 2.2 del Informe de la Comisión, «distintas mercancías plantean riesgos diferentes, por lo que se someten a condiciones y controles de importación específicos». En este sentido, podemos señalar:
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- que se considera que los animales vivos y los productos de origen animal (como carne, huevos o pescado) y los productos animales no destinados al consumo humano (como esperma y embriones) representan un riesgo elevado, ya que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades a personas y animales, por lo que «preocupan especialmente los riesgos para la salud animal, por los nefastos efectos que la diseminación de enfermedades puede tener en la producción ganadera europea»[10];
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- que, por consiguiente, los animales vivos y los productos animales sólo pueden entrar en la UE por puestos de inspección fronterizos (PIF) autorizados y en condiciones de importación estrictamente armonizadas: las importaciones deben proceder de terceros países autorizados, de establecimientos autorizados o registrados, y los certificados veterinarios que acompañan a las partidas tienen que ir firmados por la autoridad competente del país exportador, facilitar información detallada sobre la situación de salud pública y animal de los productos, y declarar que cumplen los requisitos de importación de la UE;
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- que las importaciones de plantas vivas o productos vegetales también se consideran de alto riesgo, por la posible introducción de nuevas plagas y enfermedades vegetales en el territorio de la UE, que podrían tener efectos desastrosos en las cosechas y el medio ambiente: «para poderse introducir en la Unión, todas las plantas vivas y algunos productos vegetales deben ir acompañados de un certificado fitosanitario oficial expedido por la autoridad competente del tercer país según el modelo establecido en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria»[11]; y
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- que, en los puntos de entrada designados se someten también a controles obligatorios previos a la importación determinados alimentos y piensos en los que se ha detectado un riesgo conocido o emergente: «entre estos productos pueden figurar frutos de cáscara y ciertas frutas o hortalizas»[12].
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De todos modos, se considera que la mayor parte de los productos de la cadena alimentaria no plantean un riesgo intrínseco para la salud pública, animal o vegetal. Forman parte de ellos muchos de los llamados productos de larga duración (enlatados, tratados, desecados, etc.), los productos compuestos y muchas frutas y hortalizas. En estos casos, son los Estados miembros los que controlan las importaciones, mediante planes plurianuales de control y habida cuenta del riesgo que ellos mismos determinan.
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Por otro lado, cabe recordar que en materia de inspecciones, evaluación del riesgo y sistemas de información son competentes a nivel comunitario los siguientes organismos:
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- la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), que es el servicio de inspección de la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión, y que como tal inspecciona en los Estados miembros y en terceros países velando por el cumplimiento de la legislación de la UE; y
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- la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), creada en virtud del Reglamento nº 178/2002, que ofrece a la Comisión Europea asesoramiento científico independiente en todo lo relacionado directa o indirectamente con la seguridad de la cadena alimentaria.
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Vale la pena referirse también a:
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- el sistema informático veterinario integrado “Traces”, que ofrece información en línea sobre las partidas importadas de animales vivos y productos animales y facilita el intercambio de información entre las autoridades competentes de las inspecciones de salud pública y sanidad animal, lo que permite a las autoridades veterinarias reaccionar rápidamente a posibles emergencias y acelera los procedimientos administrativos de los operadores del sector; y
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- que la UE tiene dos sistemas de alerta para el intercambio rápido y efectivo de información:
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(i) el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF)[13] que permite enviar notificaciones urgentes 24 horas al día cuando se detectan alimentos o piensos que presentan un riesgo grave; y
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(ii) un sistema de alerta similar, Europhyt[14]permite el intercambio de información cuando se interceptan plantas y material vegetal que no cumplen los requisitos fitosanitarios de la UE.
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4. El programa “Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria”
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Nos parece que uno de los mayores logros en la materia que nos interesa es el programa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria, una iniciativa de la Comisión mediante la cual se han establecido programas completos de formación para que las autoridades competentes de los Estados miembros estén al corriente de aspectos de la legislación de la UE y velen por que los controles se realicen de manera uniforme, objetiva y adecuada. Entre otras cosas, existe un módulo de formación específico para ofrecer al personal de los PIF un planteamiento armonizado de las importaciones que controlan. La formación que se organiza para los Estados miembros está abierta a participantes de terceros países, en los cuales se organizan a veces sesiones de formación específicas, especialmente en los países en vías de desarrollo.
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5. Medidas para mejorar y reforzar los controles a las importaciones
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Brevitatis causae, nos referiremos sólo a las medidas anunciadas por la Comisión que nos parecen más importantes:
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- en este entorno complejo y en plena evolución, la UE tiene que mantener su capacidad de diseñar, desarrollar y dar respuestas apropiadas a las amenazas en materia de seguridad de los alimentos, teniendo en cuenta que «el sistema actual de controles a la importación, construido con un enfoque basado en el riesgo y en datos probatorios, ha funcionado bien hasta ahora, pero tiene planteamientos diferentes de los controles alimentarios, de piensos, de animales y de plantas, que pueden ser muy complejos para quienes realizan los controles»[15]; y
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- si bien es cierto que los Reglamentos nº 178/2002 y nº 882/2004 han aportado cierta coherencia general, no lo es menos que sólo lo han logrado añadiendo una capa más[16] de legislación y, «por lo tanto, hay que racionalizar el sistema de control mejorando la evaluación del riesgo y la coherencia y eficiencia de sus mecanismos, aunque sin cuestionar los fundamentos sobre los que se apoyan [a fin de lograr] así más coherencia e integración entre los distintos mecanismos de control»[17].
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Entre las mejoras legislativas que se anuncian, figuran:
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- la modificación del Reglamento nº 882/2004 (la Comisión precisa que las enmiendas previstas forman parte de la iniciativa más amplia, que comenzó en 2004, para refundir y simplificar la legislación de la UE en los ámbitos de la seguridad de alimentos y piensos,. la salud animal, el bienestar de los animales y, en parte, la fitosanidad); y
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- una nueva normativa de sanidad animal, que se basará en la estrategia de salud animal (2007-2013) que establece el marco de las medidas de salud y bienestar de los animales («…estrategia, basada en el principio de que más vale prevenir que curar…»[18]).
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6. Conclusiones
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En la 6ª parte del Informe de la Comisión encontramos las siguientes “Conclusiones”:
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«Con las importaciones de alimentos, piensos, animales y vegetales se pretenden satisfacer las demandas de las empresas y los consumidores europeos, pero al aumentar el comercio mundial en su conjunto aumenta también el riesgo asociado con esas importaciones. La UE tiene un papel importante que desempeñar para hacer frente a ese riesgo.
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Y lo hace evaluando los riesgos de la importación de una mercancía concreta y estableciendo las condiciones y los controles de importación que deben aplicarse de modo que la UE pueda garantizar la seguridad de las importaciones de alimentos, piensos, animales y vegetales. El principio rector es, en todo momento, que los productos alimenticios comercializados en la UE tienen que ser seguros, sea cual sea su origen[19].
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A este respecto, es fundamental el amplio acervo legislativo armonizado de la UE relativo a los productos de alto riesgo, que parte de un planteamiento de los controles a la importación armonizado y basado en los riesgos. Este acervo evita que se produzcan graves incidentes de seguridad, permite a la UE afrontar riesgos emergentes o situaciones de urgencia y previene distorsiones importantes del comercio.
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Del informe se desprende que, si bien sirve para gestionar eficazmente riesgos e incidentes, esta legislación es a veces bastante compleja y le falta coherencia global. Esto quiere decir que su aplicación puede ser difícil y generar dificultades tanto para los Estados miembros como para los operadores. El informe llega a la conclusión de que las herramientas disponibles para la aplicación de esta legislación pueden emplearse de modo más coherente entre la amplia gama de productos de la cadena alimentaria, para que todos los productos importados se sometan a condiciones y controles proporcionados al riesgo que plantean.
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Por lo tanto, al tiempo que la Comisión sigue confiando en que no se necesita una revisión radical de la legislación existente[20], sí que obrará, revisando y consolidando diversos actos, para dar más coherencia a los controles a la importación, especialmente en beneficio de quienes los realizan. Un planteamiento más holístico servirá para reforzar la eficiencia del régimen de controles a la importación de la UE, asegurar una asignación óptima de los recursos y facilitar la promoción y la defensa del modelo regulador de la UE.
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La Comisión Europea se compromete a garantizar la seguridad del conjunto de alimentos, piensos, animales y vegetales que importa, y confía también en su capacidad de mantener y aumentar la coherencia y la eficacia de los actuales controles a la importación, en estrecha cooperación con los Estados miembros.»

Notas:
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[1] Documento COM(2010) 785 final de 21 de diciembre de 2010, que se encuentra en la siguiente página de Internet (consultada el 10 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0785:FIN:ES:PDF .
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[2] Véanse las Conclusiones del Consejo sobre seguridad de los productos agrícolas y agroalimentarios importados y cumplimiento de las normas comunitarias; sesión nº 2917 del Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas, de 18 y 19 de diciembre de 2008 – 17169/08 ADD 1.
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[3] Véase el epígrafe nº 1.1 del Informe de la Comisión.
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[4] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO n° L 31 de 1 de febrero de 2000, pág. 1). Véanse, sobre esta normativa comunitaria: “New food law principles apply from farm to fork”, Consumer Voice, n° 3, 2002, 1-2; ALEMANNO, "Trade in Food - Regulatory and Judicial Approaches to Food Risks in the EC and the WTO", Cameron May, Londres, 2006, 73-160; GONZÁLEZ VAQUÉ, "Objetivo: la seguridad alimentaria en la Unión Europea [el Reglamento (CE) n° 178/2002]", Gaceta Jurídica de la UE, n° 223, 2003, 59-71; y HAGENMEYER, "Modern food safety requirements: according to EC Regulation no. 178/2002", Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, Vol. 29, n° 4, 2002, 443-459.
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[5] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO nº L 165 de 30 de abril de 2004, pág. 1). Véase, sobre esta normativa comunitaria: AUBRY-CAILLAUD, "Sécurité alimentaire en Europe: la mise en place du nouveau cadre juridique", Journal des tribunaux - Droit européen, Vol. 12, nº 114, 2004, 289-295.
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[6] Por equivalencia se entiende que el sistema de control que aplica el tercer país en cuestión ha sido aceptado por la UE como equivalente al suyo propio.
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[7] Sic en el epígrafe nº 2.1 del Informe de la Comisión.
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[8] Véase el epígrafe nº 1.3 del Informe de la Comisión.
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[9] Ibidem.
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[10] Véase el apartado 2.2.1 del Informe de la Comisión.
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[11] Ibidem, apartado 2.2.2.
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[12] Ibidem, apartado 2.2.3.
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[13] Participan en el RASFF los Estados miembros de la UE, la Comisión, la EFSA, Noruega, Liechtenstein e Islandia.
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[14] A Europhyt tienen acceso directo en la red la Comisión, los Estados miembros y Suiza.
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[15] Véase la 5ª parte del Informe de la Comisión.
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[16] Sic la 5ª parte del Informe de la Comisión.
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[17] Véase también la 5ª parte del Informe de la Comisión.
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[18] Ibidem, apartado 5.1.2.
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[19] La cursiva es nuestra.
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[20] Idem.
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[La primera versión de este artículo se publicó en: Revista de Derecho Alimentario, nº 64, 2011, 23-26]
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[para consultar la Revista ReDeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]..

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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 26, 35-42

2011-02-04T04:09:00.000-08:00

- Auxiliares tecnológicos y productos alimenticios en cuya elaboración se hayan empleado dichos auxiliares procedentes de otros Estados miembros en los que se fabrican y/o comercializan legalmente: sentencia del Tribunal de Justicia[1] (TJ) “Comisión/Francia” de 28 de enero de 2010, asunto C-333/08[2]
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[Nota de LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ[3]]
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1. Introducción
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Mediante este fallo, el TJ se pronunció sobre un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión (parte demandante) contra Francia (parte demandada).
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El TJ aceptó las alegaciones de la Comisión, que solicitaba que declarase que Francia había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE[4] al haber establecido, para los auxiliares tecnológicos[5] y los productos alimenticios en cuya elaboración se hubieran utilizado dicho tipo de auxiliares procedentes de otros Estados miembros donde éstos se fabricaban y/o comercializaban legalmente, un procedimiento de autorización previa que no respetaba el principio de proporcionalidad.
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Esperemos que haya terminado así un tira y afloja entre las autoridades francesas y la Comisión que ha durado más de quince años, puesto que, a pesar de que el procedimiento administrativo previo se inició en 1966, la legislación francesa relativa a los auxiliares tecnológicos había sido ya anteriormente objeto de discusión en el curso de las denominadas reuniones “paquete” en las que tuvimos el honor de participar…
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2. Procedimiento administrativo previo
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Tras el envío de un primer escrito de requerimiento en julio de 1996 y de un dictamen motivado en el curso del mes de marzo de 1998, la parte demandante dirigió a Francia un escrito de requerimiento adicional de 12 de octubre de 2005, que anulaba y sustituía el escrito de requerimiento y el dictamen motivado anteriores.
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En dicho escrito, la Comisión alegaba que la normativa francesa [el Decreto de 15 de abril de 1912, por el que se aprobó el Reglamento de administración pública para la aplicación de la Ley de 1 de agosto de 1905, sobre la represión de los fraudes en la venta de las mercancías y de las falsificaciones de los productos alimenticios, modificado en varias ocasiones (en lo sucesivo, “Decreto de 1912”) y del Decreto nº 2001-725, de 31 de julio de 2001, sobre los aditivos que podían utilizarse con fines tecnológicos en la fabricación de los productos destinados a la alimentación humana (en lo sucesivo, “Decreto de 2001”)] era contraria al artículo 28 CE[6], en la medida en que introducía un procedimiento de autorización previa en relación con los auxiliares tecnológicos y los productos alimenticios, cuando en su proceso de elaboración se empleaban auxiliares tecnológicos procedentes de otros Estados miembros en los que se fabricaban y/o comercializaban legalmente y, con carácter subsidiario, en la medida en que no había establecido un procedimiento para la obtención de la autorización de la utilización de auxiliares tecnológicos suficientemente claro, fácilmente accesible, transparente y que respondiera a las exigencias de seguridad jurídica.
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Tal como subrayó el TJ, del escrito de demanda y del escrito de requerimiento adicional se desprendía que su envío se debió a la abundante correspondencia intercambiada entre Francia y la Comisión, al tiempo transcurrido tras el envío del primer escrito de requerimiento, a la reforma entonces inacabada de la normativa francesa y a las nuevas reflexiones de la Comisión.
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Tras la prórroga del plazo de respuesta al escrito de requerimiento adicional, la parte demandada respondió a éste mediante escrito de 16 de febrero de 2006. Remitió a la Comisión el conjunto de decretos adoptados con arreglo al Decreto de 1912 y recordó que precisamente se había emprendido la reforma del citado Decreto –reforma que se coronó con la adopción del Decreto de 2001– porque no se contaba con un dispositivo que garantizara el reconocimiento mutuo. Las autoridades francesas insistieron en el hecho de que un anuncio a las empresas del sector alimentario[7] permitía la aplicación inmediata del principio de libre circulación, aunque aún no se hubiera adoptado el decreto ministerial previsto en el Decreto de 2001.
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En lo que atañe a la nueva normativa nacional que tenía que regular en el futuro la utilización de los auxiliares tecnológicos, Francia afirmó que su intención era adoptar en breve plazo dicho decreto de aplicación del Decreto de 2001, intentó justificar el procedimiento de autorización previa de dichos auxiliares, y propuso que la modificación de la redacción de la cláusula de reconocimiento mutuo que figuraba en el mencionado Decreto de 2001.
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Sin embargo, el 4 de julio de 2006, la Comisión envió a la parte demandada un dictamen motivado adicional.
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Mediante escrito de 8 de septiembre de 2006, Francia respondió al dictamen motivado adicional, indicando que había iniciado el procedimiento de firma del decreto de aplicación del Decreto de 2001. Tras recordar que determinadas categorías de auxiliares tecnológicos estaban reguladas o en curso de armonización a nivel comunitario, sostuvo que estaba justificada la existencia de un procedimiento de autorización previa para la utilización de los auxiliares en cuestión. En concreto, llamó la atención de la Comisión sobre los riesgos que representan los auxiliares tecnológicos empleados como biocidas o agentes descontaminantes en los productos de origen vegetal y el empleo de antiespumantes en determinadas circunstancias. En lo que respecta a la cláusula de reconocimiento mutuo, las autoridades francesas señalaron que habían comenzado a reflexionar sobre la modificación de la disposición pertinente del Decreto de 2001 para responder a las alegaciones de la Comisión.
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Al no considerar satisfactoria la respuesta formulada por dicho Estado miembro, la Comisión decidió interponer el correspondiente recurso.
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3. Fallo
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En este contexto, el TJ (Sala Tercera) decidió:
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«1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE al haber establecido, para los auxiliares tecnológicos y los productos alimenticios en cuya elaboración se hayan utilizado auxiliares tecnológicos procedentes de otros Estados miembros donde éstos se fabrican y/o comercializan legalmente, un procedimiento de autorización previa que no respeta el principio de proporcionalidad.
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2) Condenar en costas a la República Francesa.»
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4. Comentarios
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4.1 El procedimiento de autorización previa en cuestión constituye una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 28 CE[8]
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Ni la parte demandante ni la demandada cuestionaron que el procedimiento de autorización previa previsto por el Decreto de 1912 constituía una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 28 CE. Según el TJ, dicho «… procedimiento de autorización previa establecido en ese decreto encarece y dificulta –e incluso, en determinados casos, imposibilita– la comercialización de [auxiliares tecnológicos] y de productos alimenticios en cuya preparación se hayan empleado [auxiliares tecnológicos] fabricados y/o comercializados legalmente en otros Estados miembros»[9].
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En efecto, el citado procedimiento obstaculizaba la libre circulación:
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- de auxiliares tecnológicos destinados a ser utilizados en la preparación de productos alimenticios procedentes de otros Estados miembros en los que se fabricaban o comercializaban legalmente, en la medida en que se veían sometidos a los criterios de pureza u otras características, como los contenidos residuales máximos autorizados, impuestos por la normativa francesa;
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- de productos alimenticios acabados procedentes de otros Estados miembros en los que pudiera detectarse la presencia, aun infinitesimal, de residuos de un auxiliar tecnológico no autorizado en Francia o de residuos de este tipo de auxiliares autorizados en Francia si se superaban los contenidos residuales máximos autorizados por los Decretos de autorización franceses; y
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- de los productos alimenticios acabados procedentes de otros Estados miembros en cuya preparación se hubiera empleado un auxiliar tecnológico no autorizado en Francia, o uno autorizado que no cumpliera los criterios de pureza u otras características exigidas por la normativa francesa, o un auxiliar de este tipo autorizado en Francia pero empleado de forma diferente a la autorizada por la normativa francesa, aunque no se detectaran residuos en el producto alimenticio acabado o la presencia de residuos estuviera dentro de las cantidades autorizadas.
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4.2 Sobre la posible justificación de la medida en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 CE[10]
.En lo que respecta al objetivo de protección de la salud, a falta de armonización y en la medida en que subsistan dudas en el estado actual de la investigación científica, el TJ subrayó que «una prohibición de comercialización de [auxiliares tecnológicos] o de productos alimenticios en cuya preparación se hayan utilizado [auxiliares tecnológicos] legalmente fabricados y/o comercializados en otros Estados miembros ha de basarse en un análisis detenido del riesgo alegado por el Estado miembro[11] que invoca el artículo 30 CE»[12].
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El TJ insistió en que, al ejercer su facultad de apreciación en materia de protección de la salud pública, los Estados miembros deben respetar el principio de proporcionalidad y subrayó que:
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«Ciertamente, la evaluación que el Estado miembro está obligado a efectuar podría demostrar que hay un elevado grado de incertidumbre científica y práctica al respecto. Tal incertidumbre, inseparable del concepto de cautela, influye en el alcance de la facultad de apreciación del Estado miembro y repercute, de esta forma, en los modos de aplicación del principio de proporcionalidad. En esas circunstancias debe admitirse que un Estado miembro, en virtud del principio de cautela[13], puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la gravedad de tales riesgos.» [14]
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Refiriéndose a las pruebas presentadas por las autoridades francesas para demostrar que la elección de los regímenes en cuestión se basaba en un análisis detenido de los riesgos con arreglo a previsto en los Tratados, el TJ señaló que la nota de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA) de 13 de agosto de 2008 y el informe del estudio del mes de abril de 2007 que se había llevado a cabo para demostrar que la normativa controvertida era compatible con el Derecho de la UE eran muy posteriores al Decreto de 1912.
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4.3 Sobre la eventual existencia de un obstáculo al artículo 28 CE[15] derivado de la inseguridad jurídica creada por el Decreto de 2001
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En el procedimiento administrativo previo y ante el TJ, la Comisión alegó que la adopción del Decreto de 2001 –que no entró en vigor hasta el 2 de diciembre de 2006, tras la publicación del Decreto ministerial previsto en su artículo 2– la publicación, en 2002, del anuncio a las empresas[16] y, en 2003, de las instrucciones para la constitución de un expediente sobre el empleo de auxiliares tecnológicos aplicables a las categorías de auxiliares enumeradas en el anexo al Decreto de 2001 crearon una situación de inseguridad jurídica que constituía por sí misma un obstáculo injustificado al artículo 28 CE.
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A este respecto, el TJ señaló que el lapso de tiempo transcurrido entre la adopción del Decreto de 2001 y la publicación, el 2 de diciembre de 2006, del Decreto ministerial que permitió la entrada en vigor del citado Decreto, así como la coexistencia durante ese período de ambos Decretos, dieron lugar a una situación ambigua ya que se mantuvo a los operadores económicos en un estado de incertidumbre en lo que respecta a las posibilidades de comercializar en Francia auxiliares tecnológicos o productos alimenticios en cuya preparación se hubieran utilizado este tipo de auxiliares, fabricados y/o comercializados legalmente en otros Estados miembros.
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El TJ subrayó que:
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«Esta inseguridad jurídica se incrementó, por una parte, con el anuncio a las empresas[17] que indicaba a los operadores económicos que, a partir de su fecha de publicación, no había obstáculos para la aplicación de determinadas disposiciones del Decreto de 2001 y, por otra parte, con las instrucciones publicadas por la AFSSA el 2 de julio de 2003 que, según sus propios términos, eran aplicables a las categorías de [auxiliares tecnológicos] enumeradas en el anexo al Decreto de 2001»[18].
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Por lo tanto, el TJ concluyó que, aun suponiendo que las citadas instrucciones fueran conformes con los requisitos derivados de la jurisprudencia del TJUE sobre la existencia de un procedimiento simplificado de inclusión, un operador económico no habría podido constituir un expediente relativo al empleo de un auxiliar tecnológico con la intención de incluirlo en una lista positiva prevista en el artículo 2 del Decreto de 2001, porque dicha lista no había sido establecida, ya que el Decreto ministerial destinado a fijarla aún no había sido adoptado ni publicado.
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4.4 Sobre la inexistencia de un procedimiento simplificado de inclusión de los auxiliares tecnológicos
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El TJ declaró fundadas las alegaciones de la Comisión relativas a que el procedimiento de inclusión previsto por el Decreto de 1912 no respetaba los requisitos derivados de la jurisprudencia del TJUE, puesto que la normativa en cuestión no contenía ninguna indicación sobre la duración del procedimiento ni sobre el derecho de los operadores económicos a iniciarlo o sus posibilidades de recurso en caso de denegación. Por otra parte, el TJ subrayó que tampoco se proporcionaba ninguna indicación a los operadores sobre el órgano al que podían dirigir sus solicitudes o hacer llegar los documentos que debían adjuntar al expediente.
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Notas:
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[1] El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 por los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Dicho Tratado introduce modificaciones en cuanto a la organización y las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), compuesto ahora por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública.
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[2] Pendiente de publicación (véanse, sobre este fallo: “Auxiliares tecnológicos: sentencia del Tribunal de Justicia "Comisión/Francia" de 28 de enero de 2010, asunto C-333/08”, Revista de Derecho Alimentario, nº 55, 2010, 22-26; y RIGAUX, “Du bon usage par un Etat du principe de précaution dans la justification des mesures qui entravent les échanges”, Europe, nº 108, 2010,19-20).
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[3] Aunque se trata de una sentencia dictada a principios del 2010, nos parece oportuno publicar este documento de trabajo distribuido por el autor en el curso de una Jornada sobre los coadyuvantes tecnológicos que se celebró en Vic el 3 de febrero de 2011.
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[4] Actualmente artículo 34 TFUE.
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[5] Como se recuerda en el fundamento jurídico nº 4 de la sentencia Comisión/Francia de 28 de enero de 2010, el artículo 1.3(a) de la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano (DO nº L 40 de 11 de febrero de 1989, pág. 27), define los auxiliares tecnológicos, en una nota a pie de página, como «cualquier sustancia que no se consuma como ingrediente alimenticio o en sí, que se utilice intencionadamente en la transformación de materias primas, de productos alimenticios o de sus ingredientes, para cumplir un objetivo tecnológico determinado durante el tratamiento o la transformación, y que pueda tener como resultado la presencia no intencionada, pero técnicamente inevitable, de residuos de dicha sustancia o de sus derivados en el producto acabado siempre que dichos residuos no presenten riesgo sanitario y no tengan efectos tecnológicos sobre el producto acabado». Vale la pena subrayar que la Directiva 89/107/CEE fue derogada por el Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO nº L 354 de 31 de diciembre de 2008, pág. 16). En dicho Reglamento se hace referencia a los coadyuvantes tecnológicos, a los que no se aplica la citada normativa comunitaria [artículo 2.2(a)] y que se definen como «toda sustancia que: i) no se consuma como alimento en sí misma; ii) se utilice intencionalmente en la transformación de materias primas, alimentos o sus ingredientes para cumplir un determinado propósito tecnológico durante el tratamiento o la transformación; y iii) pueda dar lugar a la presencia involuntaria, pero técnicamente inevitable, en el producto final de residuos de la propia sustancia o de sus derivados, a condición de que no presenten ningún riesgo para la salud y no tengan ningún efecto tecnológico en el producto final» [artículo 3.2(b)]. En nuestra opinión fue un error utilizar en la versión castellana de la Directiva 89/107/CEE el barbarismo “auxiliar tecnológico”, lo que se ha corregido en el Reglamento que la derogó empleando la expresión coadyuvante tecnológico [cabe recordar que las versiones francesas tanto de la Directiva 89/107/CEE como del Reglamento nº 1333/2008 se refieren a los “auxiliaires techonologiques” (y en las versiones inglesas se utiliza la expresión “processing aids”)]. En cualquier caso, teniendo bien en cuenta todas estas precisiones, así como que en el asunto que nos interesa la lengua de procedimiento era la francesa, en principio mantendremos en la presente nota la terminología utilizada en la versión castellana del fallo objeto de nuestros comentarios disponible en la página de Internet Eur-Lex [ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0333:ES:HTML (consultada el 31 de enero de 2011)].
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[6] Véase la nota 4.
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[7] Véanse los fundamentos jurídicos nºs 35 y 36 de la sentencia “Comisión/Francia” de 28 de enero de 2010.
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[8] Véase la nota 4.
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[9] Véase el fundamento jurídico nº 76 de la sentencia “Comisión/Francia” de 28 de enero de 2010.
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[10] Actualmente artículo 34 TFUE.
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[11] La cursiva es nuestra.
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[12] Véase el fundamento jurídico nº 88 de la sentencia “Comisión/Francia” de 28 de enero de 2010.
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[13] Aunque preferimos la expresión “principio de precaución”, mantenemos aquí la que figura en la versión castellana disponible del fallo en cuestión (véase, sobre la polémica relativa a la utilización de una u otra expresión: SEGURA RODA, “La aplicación del principio de precaución en el Derecho alimentario de la UE”, Revista de Derecho Alimentario, nº 62, 2010, 16-17).
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[14] Véase el fundamento jurídico nº 91 de la sentencia “Comisión/Francia” de 28 de enero de 2010.
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[15] Véase la nota 4.
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[16] Véase la nota 7.
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[17] Idem.
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[18] Véase el fundamento jurídico nº 88 de la sentencia “Comisión/Francia” de 28 de enero de 2010.

ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 26, 1-10

2011-02-02T10:13:00.000-08:00

Editorial:

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Productos alimenticios y alimentarios: ¡viva la diferencia!
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«Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar;
pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar»

WINSTON CHURCHILL

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1. Introducción
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Cuando los especialistas en Derecho alimentario utilizamos el español en nuestras comunicaciones (orales o escritas) disponemos de dos expresiones diferenciadas para referirnos a dos tipos de productos también distintos: los productos alimenticios y los productos alimentarios. Se trata de una posibilidad que no nos ofrecen otros idiomas europeos y que no siempre sabemos utilizar adecuadamente…
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2. Los adjetivos alimenticio y alimentario según la doctrina…
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Si nos interesa conocer el origen doctrinal de la distinción entre lo alimenticio y lo alimentario resulta inevitable mencionar al Dr. Carlos Barros Santos, que a lo largo de su vida profesional ha ido recopilando con paciencia e increíble tenacidad los términos que, directa o indirectamente, se utilizan en el sector alimentario.
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En su última obra[1], dedicada a la “Clarificación de los conceptos y posibles manipulaciones”, el Dr. Barros nos presenta en primer lugar las definiciones de:
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- alimentario: «carácter o condición, que adquiere todo lo que tiene relación con los alimentos o con las vías de entrada de los mismos en el organismo»[2]; y
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- alimenticio: «carácter de un producto por el cual sus componentes pueden incorporarse al organismo que lo ingiere y asimila, total o parcialmente, pasando a formar parte del mismo o de su metabolismo energético, sin alterar el fisiologismo de éste»[3].
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En la misma obra el autor define también de forma bastante minuciosa[4] qué son los alimentos[5]:
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«Desde el punto de vista fisiológico tiene la consideración de alimento toda sustancia o producto, de cualquier naturaleza, sólido o líquido, natural o transformado, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación o estado de conservación es susceptible de utilizarse, habitual o idóneamente, para la normal alimentación humana o bien como fruitivo, o en casos especiales de alimentación dirigida.
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Bajo los aspectos jurídicos entran también en esta definición productos que no aportan valor nutritivo o, si lo hacen lo es a muy escaso nivel, como ocurre con el agua, el chicle, el tabaco propiamente dicho e incluso el de mascar.
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El alimento puede ser tanto la materia prima como un derivado de la misma, obtenido mediante un tratamiento general, industrial o artesano; el alimento puede ser total o parcialmente comestible; la parte comestible no lo es siempre directamente y en este caso es necesario someterla a un tratamiento previo, culinario o industrial. En algunos casos, los alimentos manufacturados, las materias primas de que proceden no se consideran como alimentos (remolacha azucarera, cereales, algunas semillas oleaginosas, etc.).»[6]
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Dicha definición debe compararse con la que figura en el artículo 2 del Reglamento nº 178/2002[7]:
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«Definición de alimento
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A efectos del presente Reglamento, se entenderá por alimento (o producto alimenticio) cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no.
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Alimento incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento. Se incluirá el agua después del punto de cumplimiento definido en el artículo 6 de la Directiva 98/83/CE[8] y sin perjuicio de los requisitos estipulados en las Directivas 80/778/CEE[9] y 98/83/CE.
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Alimento no incluye:
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a) los piensos;
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b) los animales vivos, salvo que estén preparados para ser comercializados para consumo humano;
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c) las plantas antes de la cosecha;
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d) los medicamentos tal y como lo definen las Directivas 65/65/CEE[10] y 92/73/CEE[11] […];
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e) los cosméticos tal como los define la Directiva 76/768/CEE[12] […];
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f) el tabaco y los productos del tabaco tal como los define la Directiva 89/622/CEE[13] […];
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g) las sustancias estupefacientes o psicotrópicas tal como las define la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, de 1961, y el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971;
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h) los residuos y contaminantes.»
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Por otra parte, siempre según el Dr. Barros, producto alimentario es:
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«Toda materia no nociva, en sentido absoluto o relativo, que sin valor nutritivo (o que si lo tiene su uso no depende de esta cualidad) puede utilizarse en la alimentación humana o animal o tener relación con los alimentos o con las vías de entrada de los mismos en el organismo.
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Bajo esta denominación se engloban los aditivos, los materiales de envase y embalaje, los detergentes, desinfectantes y desinsectantes, así como los materiales para construcción de maquinaria, cisternas, cintas transportadoras, instalaciones, vehículos de transporte, utensilios, etc. de uso en industrias y otros establecimientos alimentarios.» [14]
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Producto alimenticio se define escuetamente como «todo alimento como artículo de consumo»[15].
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3. … y en el Diccionario de la Real Academia
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Desgraciadamente, el Diccionario de la Real Academia, no reconoce la distinción entre los dos adjetivos que nos interesan.
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Para “alimenticio, cia” prevé dos significados:
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«1. adj. Que alimenta o tiene la propiedad de alimentar.
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2. adj. Perteneciente o relativo a los alimentos o a la alimentación.»
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Uno de ellos coincide con uno de los atribuidos a “alimentario, ria (Del lat. alimentarius)”:
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«1. adj. Perteneciente o relativo a la alimentación.
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2. adj. Propio de la alimentación.»
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Podemos pues concluir que para la máxima autoridad de la lengua castellana, alimenticio y alimentario pueden considerarse sinónimos.
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De todos modos, el Dr. Barros nos ha hecho llegar las siguientes definiciones que figuran en el “Diccionario panhispánico de dudas”:
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- alimenticio –cia: ‘Que alimenta o sirve para alimentar’: «La cultura árabe valoraba mucho el poder alimenticio y energético de esta planta» (Suñer Botica [Esp. 2000]); […][16]. A menudo significa también ‘de la alimentación o de los alimentos’, aunque para este sentido se recomienda usar con preferencia el adjetivo alimentario.
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- alimentario –ria: ‘De la alimentación o de los alimentos’: «¿Cómo puedo darme cuenta de que tengo [...] un trastorno alimentario?» (Rausch/Bay Anorexia [Arg. 1990]); «Se espera un buen comportamiento de los precios alimentarios» (Vanguardia [Esp.] 1.6.94). No debe confundirse con alimenticio (‘que alimenta’).
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En cualquier caso entendemos que resulta plenamente aceptable (y muy útil[17]) que, a efectos jurídicos, se distingan los productos alimenticios de los alimentarios, tal como el Dr. Barros sugirió hace ya más de cuatro décadas y ha sido pacíficamente aceptado por lo que se refiere a la terminología propia del Derecho alimentario (¡nunca mejor dicho!).
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4. Los conceptos de producto alimenticio y producto alimentarios en el Derecho de la UE
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4.1 Consideraciones generales
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Las normativas comunitarias se promulgan y publican en las múltiples lenguas oficiales de la UE. Obviamente, no resulta fácil que los términos jurídicos empleados en las diversas versiones (e incluso los correspondientes conceptos) coincidan plenamente…
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Si nos atenemos a la definición prevista en el artículo 2 del Reglamento nº 178/2002 (véase el epígrafe nº 2), alimento y producto alimenticio son sinónimos, como lo son sus equivalentes en inglés ("food" y "foodstuff") y en francés ("denrée alimentaire" y "aliment").
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Sin embargo, en las lenguas inglesa y francesa no existe la posibilidad de distinguir entre productos alimenticios y alimentarios.
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4.2 El Reglamento nº 178/2002
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El Reglamento nº 178/2002[18] constituye la normativa básica aplicable directamente a todos los niveles de la UE y que, inter alia, define qué se entiende por Legislación alimentaria[19] y establece sus principios generales.
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Por ello nos ha parecido oportuno verificar si en la versión castellana de dicha normativa se ha tenido efectivamente en cuenta la diferencia existente entre los productos alimenticios y los alimentarios.
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Nuestras primeras dudas se refieren a la terminología utilizada en el Considerando nº 16, que parece referirse tanto a los productos alimenticios como a los alimentarios sin hacer la procedente distinción.
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Algunos autores estiman que el origen de tal confusión se encuentra en el ya citado artículo 2 del Reglamento nº 178/2002, puesto que en la definición de alimento (o producto alimenticio) se incluyen de facto algunos productos que en castellano calificaríamos de alimentarios[20].
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De todos modos, por lo que se refiere a otras disposiciones de dicha normativa (incluyendo su título), la utilización del adjetivo alimentario, en muchos casos en femenino, es la acertada, por ejemplo, en relación a la legislación[21], seguridad, protección, empresas, cadena y crisis (que se califican de alimentaria o alimentarias).
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4.3 Otras normativas comunitarias
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En principio, podemos concluir que la utilización del adjetivo alimentario/a es también el apropiado en el Reglamento nº 1333/2008[22] relativo a los aditivos alimentarios[23].
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Por el contrario, consideramos que la terminología empleada en la versión castellana de las siguientes medidas plantea algunas dudas sobre el correcto empleo de las expresiones producto alimenticio o producto alimentario[24]:
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- la Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2010, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria[25];
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– el Reglamento (CE) n° 1441/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios[26];
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- la Recomendación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa al control de los niveles de base de las dioxinas, los PCB similares a las dioxinas y los PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios[27];
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- el Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios[28]; y
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- la Directiva 88/344/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes[29].
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5. Algo más que buenos propósitos
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En nuestra opinión:
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- los servicios de traducción de las Instituciones europeas tendrían que ser conscientes de las peculiaridades del castellano y de lo útil que resulta utilizar correctamente en cada supuesto las expresiones producto alimenticio o producto alimentario;
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- las autoridades españolas competentes en la materia deberían instar al Consejo, o, en su caso, a la Comisión, a revisar y rectificar las versiones incorrectas de las normativas vigentes, así como a publicar en el DOUE las correspondientes “correcciones de errores”[30]; y
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- puesto que la medicina tienen que tomarla en especial los pacientes (en nuestro caso tanto los juristas como todos los profesionales del sector), tendríamos que utilizar adecuadamente la terminología disponible, que nos permite diferenciar diversos tipos de productos… lo que no ocurre en otras lenguas.
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6. Otras definiciones relativas a los alimentos[31]
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- alimento adulterado: «alimento al que, intencionadamente, se le ha provocado una modificación en sus características, propiedades o aptitudes de uso, con fines de engaño al consumidor y lucrativos para el que provoca la modificación»[32];
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- alimento alterado: «alimento al que, intencionalmente o no, se le han anulado o disminuido, sensiblemente, sus características, propiedades o aptitudes de uso»[33];
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- alimento complementario: «es el que constituye una parte minoritaria de la dieta, complementando la acción de los fundamentales.
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Dentro de este concepto conviene resaltar tres subconceptos por su importancia o transcendencia en los hábitos de consumo; los condimentos y/o especias; los alimentos estimulantes y los sucedáneos»[34];
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- alimento contaminado: «alimento al que se le han incorporado microorganismos patógenos o toxicógenos, sustancias químicas, sustancias radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre o a los animales o inducir la producción de cáncer o acciones mutagénicas o teratogénicas. Se extiende también al alimento al que se han incorporado otros microorganismos que, por su número, pueden producir alteraciones en el fisiologismo del hombre»[35];
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- alimento deteriorado: «alimento que ha experimentado una modificación que ha anulado o disminuido, sensiblemente, las características o propiedades o aptitudes de uso que ya poseía a su salida de fábrica como producto terminado»[36];
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- alimentos estimulantes: «son aquellos preparados alimenticios que, aun con escaso valor nutritivo, están destinados a favorecer en el organismo una acción técnica, excitante y satisfactoria (café, té, cacao, chocolate)» [37];
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- alimento falsificado: «alimento que ha sido preparado o rotulado para simular otro conocido»[38];
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- alimento fraudulento: «alimento cuya composición real no corresponde a la declarada y comercialmente anunciada o que en su comercialización se utilizan términos informativos sobre él, que inducen a error al consumidor»[39];
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- alimento fundamental: «es el que constituye una proporción importante de la ración alimenticia habitual en el área considerada»[40];
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- alimento impropio: «se entiende por alimento impropio aquel producto que, aun poseyendo valor nutritivo, no es normalmente utilizado para el consumo en el país o en el colectivo de población considerado o el que, aun siéndolo, no ha completado su proceso de maduración o elaboración, no reúne las características que le definen o le identifican con la Norma reglamentaria o al que se le ha aplicado un proceso de elaboración, manipulación o conservación no autorizado»[41];
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- alimento-medicamento: «se entiende por alimento-medicamento toda sustancia o producto que, además de su vocación nutritiva, posee una actividad terapéutica para rectificar o inhibir un proceso metabólico o para exaltar un fenómeno biológico normal, con el fin de restablecer el correcto funcionamiento de las reacciones bioquímicas o fisiológicas del organismo»[42];
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- alimento nocivo: «alimento que, aunque utilizado con los criterios de normal prudencia, y conforme con las prescripciones de su preparación y uso, o en cualquier forma que se ajuste a prácticas de elemental precisión, puede provocar efectos perjudiciales en el consumidor (de tipo medio o en colectivos especiales – niños, ancianos, obesos, embarazadas, diabéticos, celíacos, fenil-cetonúricos,- etc.), no sólo inmediatamente después de su consumo, sino también en ingestiones repetidas en el tiempo, por acción acumulativa o efectos crónicos, sin que ello obedezca a uso inmoderado o inoportuno o a consumo irreflexivo del mismo»[43];
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- alimento sano: «todo alimento que, además de producir una impresión satisfactoria por su calidad, es inocuo, no alterado, no contaminado y de valor nutritivo acorde con las necesidades del consumidor»[44]; y
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- alimento simulado para ensayo de migración: «es aquella sustancia, de composición química sencilla, coleccionada por sus propiedades extractivas, en las condiciones específicas del ensayo, y por su similitud a las características fundamentales del alimento al que pretende sustituir, para realizar estudios de migración de los materiales polimétricos utilizados en contacto con los alimentos y valorar su comportamiento y posible interacción»[45].
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Notas:
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[1] “El consumidor, el empresario y la información alimentaria”, Visión Libros, Madrid, 2010, 334 págs.
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[2] Véase la obra de BARROS SANTOS citada en la nota anterior, pág. 13.
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[3] Ibidem.
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[4] Farragosa según FERNÁNDEZ MARILGERA: [véase, el artículo de dicha autora (pendiente de publicación) titulado “Desde 1964 a 2010: ¿no es necesario renovar algunos términos y conceptos alimentarios teniendo en cuenta la legislación vigente en la UE?”, 2-3].
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[5] En el epígrafe nº 6 hemos incluido diversas definiciones específicas correspondientes a diferentes categorías de alimentos.
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[6] Véase también la obra de BARROS SANTOS citada en la nota 1, pág. 13.
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[7] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO n° L 31 de 1 de febrero de 2002, pág. 1).
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[8] Directiva del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO nº L 330 de 5 de diciembres de 1998, pág. 32).
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[9] Directiva del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO nº L 229 de 30 de agosto de 1980, pág. 11).
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[10] Directiva del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO nº 22 de 9 de febrero de 1965, pág. 369).
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[11] Directiva del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos y por la que se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos (DO nº L 297 de 13 de octubre de 1992, pág. 8).
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[12] Directiva del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO nº L 262 de 27 de septiembre de 1976, pág. 169).
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[13] Directiva del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco (DO nº L 359 de 8 de diciembre de 1989, pág. 1).
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[14] Véase la obra de BARROS SANTOS citada en la nota 1, pág. 46.
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[15] Ibidem.
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[16] Omitimos la referencia a las pensiones alimenticias, relativas a otras ramas del Derecho, porque no haría más que complicar las cosas...
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[17] Véase: FERNÁNDEZ MARILGERA: artículo citado en la nota 4, 5-6.
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[18] Véase la nota 7.
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[19] Véase la nota 21.
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[20] Véase, en este sentido: FERNÁNDEZ MARILGERA, artículo citado en la nota 4, 2-3.
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[21] Cabe recordar que, en el artículo 1.3 del Reglamento nº 178/2002, se define la Legislación alimentaria del siguiente tenor: «las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en la Comunidad Europea o a nivel nacional a los alimentos en general, y a la seguridad de los alimentos en particular» y se precisa que «se aplica a cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos así como de piensos producidos para alimentar a los animales destinados a la producción de alimentos o suministrados a dichos animales».
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[22] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO n° L 354 de 31 de diciembre de 2008, pág. 16).
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[23] Vale la pena mencionar que esa era precisamente la expresión utilizada para designar dichos productos en el Reglamento nº 178/2002 (véase, en este sentido: FERNÁNDEZ MARILGERA: artículo citado en la nota 4, 6-7).
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[24] Evidentemente, no hemos examinado todas las normativas comunitarias relativas al sector de la alimentación, sino que nos limitamos a facilitar una lista limitada a título de ejemplo.
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[25] DO n° C 210 de 3 de agosto de 2010 pág. 4.
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[26] DO n° L 322 de 7 de diciembre de 2007 pág. 12.
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[27] DO n° L 322 de 22 de noviembre de 2006 pág. 24.
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[28] DO n° L 338 de 22 de diciembre de 2005 pág. 1.
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[29] DO n° L 157 de 24 de junio de 1988, pág. 28.
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[30] Según FERNÁNDEZ MARILGERA, al legislador español también se le escapan algunas distracciones terminológicas y recomienda que se lleve a cabo urgentemente una revisión de las normativas alimentarias (!) en cuestión (véase el artículo de dicha autora citado en la nota 4, pág. 7).
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[31] La inclusión en este epígrafe de diversas definiciones de alimentos no significa que nos parezcan pertinentes o acertadas. Por el contrario, coincidimos con la opinión de FERNÁNDEZ MARILGERA que califica la mayoría de ellas de obsoletas o, en cualquier caso, mejorables, en especial teniendo en cuenta los previsto en las normativas comunitarias aplicables (véase el artículo de dicha autora citado en la nota 4, 7-8).
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[32] Véase la obra de BARROS SANTOS citada en la nota 1, pág. 14.
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[33] Ibidem [cabe recordar que FERNÁNDEZ MARILGERA se pregunta si el café descafeinado debe considerarse un alimento alterado (véase el artículo de dicha autora citado en la nota 4, pág. 4)].
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[34] Véase la obra de BARROS SANTOS citada en la nota 1, pág. 14.
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[35] Ibidem.
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[36] Ibidem.
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[37] Véase la obra de BARROS SANTOS citada en la nota 1, pág. 15.
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[38] Ibidem.
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[39] Ibidem.
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[40] Ibidem.
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[41] Ibidem.
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[42] Ibidem.
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[43] Véase la obra de BARROS SANTOS citada en la nota 1, pág. 16.
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[44] Ibidem, pág. 17.
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[45] Ibidem.

[Fuente: tercer Capítulo del Informe sobre terminología alimentaria del Centro Europeo para el Derecho del Consumo]

[para consultar la Revista ReDeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]
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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 26, 19-25

2011-01-20T07:26:00.000-08:00

¿Servirán para algo las Directrices de la UE sobre los regímenes de certificación de los productos agrícolas y alimenticios?

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L. PADUL ANDARAX
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1. Introducción
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Una de las medidas más controvertidas que se incluyen en el polémico "Paquete calidad", presentado por la Comisión Europea a finales de 2010, son las “Directrices de la UE sobre las mejores prácticas aplicables a los regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas y alimenticios”[1].
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Pese a que el legislador comunitario califica el citado texto de “Directrices de la UE” (en lo sucesivo nos referiremos a ellas como las “Directrices sobre los regímenes de certificación”), en realidad se trata tan sólo de una Comunicación de la Comisión cuya aplicación será sólo voluntaria[2] y, por lo tanto, no resulta aventurado estimar, como han hecho algunos autores[3], su utilidad será muy limitada.
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Sin embargo, nos parece oportuno dedicar la presente nota a dicha Comunicación a fin de analizar brevemente su contenido, lo que, en principio, debería permitirnos discrepar o coincidir con las conclusiones de la doctrina al respecto…
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2. Las Directrices sobre los regímenes de certificación
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2.1 Objetivo
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Según la Comisión las Directrices sobre los regímenes de certificación tienen por objeto describir[4] el marco jurídico vigente[5], contribuir a aumentar la transparencia, la credibilidad y la eficacia de los regímenes voluntarios de certificación y asegurar que no entran en conflicto con los requisitos normativos. En este sentido, «ponen de manifiesto las mejores prácticas de funcionamiento de esos regímenes y ofrecen orientaciones para:
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— evitar la confusión de los consumidores y aumentar la transparencia y la claridad de los requisitos de los regímenes,
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— reducir las cargas administrativas y financieras que pesan sobre los agricultores y los productores, incluidos los de los países en desarrollo, y
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— asegurar el cumplimiento de las reglas del mercado interior y los principios de certificación de la UE»[6].
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2.2 Ámbito de aplicación
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En el apartado 2.1 de las Directrices sobre los regímenes de certificación se prevé que éstas serán aplicables a los regímenes voluntarios de certificación de:
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— los productos agrícolas, destinados o no al consumo humano (incluidos los piensos);
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— los alimentos regulados por el artículo 2 del Reglamento nº 178/2002[7]; y
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— los procesos y sistemas de gestión de la producción y la transformación de productos agrícolas y alimenticios.
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La Comisión subraya, además, que «las directrices no se aplicarán a los controles oficiales llevados a cabo por las autoridades públicas»[8].
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2.3 Definiciones
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Las Directrices sobre los regímenes de certificación se refieren a las siguientes definiciones, basadas en norma EN ISO/IEC 17000[9]:
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- requisito especificado: necesidad o expectativa expresa;
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- evaluación de la conformidad: demostración de que se cumplen los requisitos especificados correspondientes a un producto, proceso, sistema, persona u organismo;
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- revisión: verificación de la conveniencia, adecuación y eficacia de las actividades de selección y determinación, y de los resultados de esas actividades, en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos especificados;
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- atestación: expedición de una declaración, basada en una decisión consiguiente a una revisión, que determina el cumplimiento de los requisitos especificados;
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- declaración: atestación de la parte interesada (la Comisión precisa que, «a los efectos de las presentes directrices, los términos regímenes de autodeclaración se emplean para los regímenes colectivos y las alegaciones sobre marchamos que no están certificados y que se basan exclusivamente en la autodeclaración del productor»[10]);
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- certificación: atestación de una tercera parte referente a productos, procesos, sistemas o personas;
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- acreditación: atestación de una tercera parte referente a un organismo y en la que se demuestra formalmente su capacidad para llevar a cabo tareas específicas [«en la UE[11], por acreditación se entiende una declaración emitida por un organismo nacional de acreditación conforme a la cual un organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos definidos en las normas armonizadas y, en su caso, cualquier otro requisito suplementario (incluidos los fijados en los programas sectoriales) que sea necesario para llevar a cabo las operaciones específicas de evaluación de la conformidad»[12]].
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- inspección: examen del diseño de un producto, de un producto, de un proceso o de una instalación y determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base de criterios profesionales, con requisitos generales; y
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- auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros, declaraciones de hechos u otra información pertinente y evaluarlos objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los requisitos especificados.
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2.4 Las recomendaciones de la Comisión
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2.4.1 Sobre la participación en los regímenes de certificación
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Destacan entre las diversas recomendaciones que se encuentran en las Directrices sobre los regímenes de certificación las referentes a:
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- que los regímenes en cuestión deben estar abiertos, con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios, a todos los participantes que estén dispuestos y sean capaces de ajustarse a sus pliegos de condiciones; y
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- que dichos regímenes deben disponer de una estructura de supervisión que permita recibir la contribución de todos los interesados de la cadena alimentaria (agricultores y sus organizaciones[13], comerciantes agrícolas y agroalimentarios, industria alimentaria, mayoristas, minoristas y consumidores, según los casos) con vistas al desarrollo del régimen y a la adopción de decisiones de forma representativa y equilibrada.
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2.4.2 Sobre los requisitos y las alegaciones de los regímenes de certificación
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En relación a la claridad y transparencia de los requisitos y las alegaciones de los correspondientes sistemas, la recomendación más destacable es la que se refiere a que «los regímenes deben indicar claramente sus objetivos sociales, medioambientales, económicos y/o jurídicos»[14]. En este sentido, la Comisión sugiere que los regímenes que incluyan logotipos o marchamos deberían facilitar (bien en el envase del producto, bien en los puntos de venta) información sobre los lugares en los que los consumidores puedan consultar todos los pormenores[15] del régimen.
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Siempre según la Comisión, «todas las alegaciones deberán basarse en datos objetivos y comprobables y en documentación científicamente contrastada»[16].
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2.4.3 Sobre la certificación y las inspecciones
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En el apartado 6.1 (“Imparcialidad e independencia de la certificación”) de las Directrices sobre los regímenes de certificación se prevé lo siguiente:
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«1. La certificación del cumplimiento de los requisitos del régimen deberá correr a cargo de un organismo independiente acreditado:
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— por el organismo nacional de acreditación designado por los Estados miembros conforme al Reglamento (CE) nº 765/2008, de conformidad con las normas europeas o internacionales pertinentes y las guías que fijan los requisitos generales para los organismos que aplican los sistemas de certificación de productos, o
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— por un organismo de acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (ARM) para la certificación de los productos del Foro Internacional de Acreditación (FIA).
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2. Los regímenes deberán estar abiertos a la certificación por cualquier organismo de acreditación cualificado y debidamente acreditado, sin restricción geográfica alguna.»
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Tras ocuparse de la eficacia de las inspecciones, las cualificaciones de los auditores o inspectores y los costes inherentes a la certificación, la Comisión recomienda que «los regímenes deberán incluir disposiciones que permitan la participación de productores a pequeña escala (especialmente los de los países en desarrollo, cuando así proceda) en el régimen»[17].
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2.4.4 Sobre el reconocimiento mutuo
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No nos extenderemos en el análisis de las recomendaciones de la Comisión en este ámbito puesto que constituyen un paradigma de ambigüedad y se refieren a principios inaplicables en la práctica. Así, por ejemplo, se sugiere:
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- que, «cuando los regímenes se adentren[18] en un nuevo sector o amplíen su ámbito de aplicación, será preciso justificar su necesidad»[19]; y
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- que «en los sectores donde se haya detectado que determinados regímenes se solapan parcial o totalmente con otros, los primeros deberán incluir el reconocimiento o la aceptación parcial o total de las inspecciones y auditorías llevadas ya a cabo con arreglo a los segundos (a fin de no volver a inspeccionar los mismos requisitos)»[20].
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3. Conclusión
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En nuestra opinión, la utilidad de las Directrices sobre los regímenes de certificación será prácticamente nula, no sólo porque no son de obligatorio cumplimiento, sino también debido a que han sido redactadas de forma ambigua y equívoca.
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En definitiva, son una muestra de cómo se puede legislar (?) siguiendo una pésima técnica jurídica (por ejemplo, refiriéndose a definiciones innecesarias y, en algunos casos, de doble sentido), para lograr que la supuesta certificación de calidad, a menudo abusiva y engañosa, sea aún menos fiable y eficaz.
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Por no ser, las Directrices sobre los regímenes de certificación ni siquiera son un brindis al sol…
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Notas:
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[1] DO n° C 341 de 16 de diciembre de 2010, pág. 5 [véase la siguiente página de Internet (consultada el 18 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:ES:PDF ].
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[2] Véase el apartado 1.2 de las Directrices sobre los regímenes de certificación en el que se precisa que cumplir lo previsto en ellas es facultativo. Además, en dicho apartado se subraya «que La adhesión a las mismas no significa que la Comisión haya avalado los requisitos fijados por esos regímenes». Por otro lado, la Comisión insiste en que «las presentes directrices ni tienen categoría de normas en la UE ni se emiten con el propósito de modificar los requisitos recogidos en la legislación de la UE» (ibidem).
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[3] Véase, por ejemplo: NOBELLAR DICENTA, “¿Política de calidad o política de desconcierto y confusión?”, Gaceta del InDeAl, Vol. 12, n° 4, 2010, pág. 23.
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[4] Sic en el apartado 1.2 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[5] Véase el epígrafe nº 3 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[6] Ibidem, apartado 1.2.
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[7] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO n° L 31 de 1 de febrero de 2000, pág. 1).
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[8] Véase también el apartado 2.1 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[9] La doctrina ha criticado que la Comisión utilice las definiciones de dicha norma, que se considera especialmente difícil de interpretar y, en muchos aspectos, incoherente (véase, por ejemplo: NOBELLAR DICENTA, obra citada en la nota 3, pág. 24.)
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[10] Véase la correspondiente definición en el apartado 2.2 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[11] Véase el artículo 2.10 del Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos (DO nº L 218 de 13 de agosto de 2008, pág. 30).
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[12] Véase la correspondiente definición en el apartado 2.2 de las Directrices sobre los regímenes de certificación [cabe recordar que, atinadamente, FERNÁNDEZ MARILGERA se pregunta cuál de las dos es realmente la definición admitida (véase de dicha autora, "El Paquete Calidad de la Comisión: la DG AGRI, bajo los efectos de la intoxicación de los grupos de presión, pierde los papeles", Gaceta del InDeAl, Vol. 13, n° 1, 2011, 3-4)].
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[13] Por ejemplo, las cooperativas.
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[14] Véase el apartado 5.1 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[15] Sic en el apartado 5.1 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[16] Véase el apartado 5.1 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[17] Ibidem, apartado 6.5.
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[18] La cursiva es nuestra.
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[19] Véase el epígrafe nº 7 de las Directrices sobre los regímenes de certificación [FERNÁNDEZ MARILGERA se pregunta ante quién deberán justificarse (véase la obra de dicha autora citada en la nota 12, pág. 5)].
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[20] Véase también el epígrafe nº 7 de las Directrices sobre los regímenes de certificación.
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[para consultar la Revista ReDeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 26, 11-17

2011-01-18T04:20:00.000-08:00

El Reglamento (UE) nº 16/2011 de la Comisión por el que se establecen medidas de ejecución del Sistema de Alerta Rápida RASFF
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ERNESTINA FERNÁNDEZ MARILGERA
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1. Introducción
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Con fecha 10 de enero de 2011, la Comisión aprobó el Reglamento (UE) nº 16/2011 de la Comisión por el que se establecen medidas de ejecución del Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para Animales[1] (RASFF).
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En la presente nota comentaremos el alcance de las citadas medidas de ejecución, que, probablemente, servirán para mejorar el funcionamiento del RASFF y aportarán más transparencia a su aplicación, en especial por lo que se refiere al reparto de las tareas entre los diversos puntos de contacto, por ejemplo, en relación con las obligaciones de verificación de las notificaciones por parte de la propia Comisión.
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2. ¿Qué es el RASFF?
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En virtud del artículo 50 del Reglamento nº 178/2002[2] se instauró el Sistema de Alerta Rápida RASFF, gestionado por la Comisión y en el que participan los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a fin de ofrecer a las autoridades de control un instrumento eficaz de notificación de los riesgos para la salud humana derivados de los productos alimenticios o los alimentos para animales[3].
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El lector interesado podrá encontrar más información sobre el RASFF en la siguiente página de Internet[4] (disponible únicamente en versión inglesa):
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http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
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Véase también la siguiente publicación:
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- “Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF): desde hace más de 30 años protegemos la seguridad de los consumidores”, EUR-OP, Luxemburgo, 2009, 40 págs.
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.3. Definiciones… de la anfibología a la perogrullada
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En el artículo 1 del Reglamento nº 16/2011 se prevé que, en principio, se aplicarán las definiciones establecidas en los Reglamentos nº 178/2002 y nº 882/2004[5] y, además, se dispone que «… a los efectos del presente Reglamento […] se entenderá por»[6]:
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- red: el sistema de alerta rápida para la notificación de un riesgo directo o indirecto para la salud humana derivado de productos alimenticios o alimentos para animales, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento nº 178/2002;
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- miembro de la red: un Estado miembro, la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y cualquier país solicitante, tercer país u organización internacional que haya celebrado un acuerdo con la Unión Europea de conformidad con el artículo 50.6 del Reglamento nº 178/2002;
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- punto de contacto: el punto de contacto que representa al miembro de la red; y
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- operadores profesionales: los explotadores de empresa alimentaria y los explotadores de empresa de piensos, tal como se definen en el Reglamento nº 178/2002, así como los operadores de empresa, de acuerdo con la definición prevista en el Reglamento nº 1935/2004[7].
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4. Obligaciones de los miembros de la red
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El artículo 2 (“Tareas de los miembros de la red”) del Reglamento objeto de nuestros comentarios establece lo siguiente:
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«1. Los miembros de la red garantizarán el funcionamiento eficaz de la red dentro de su jurisdicción.
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2. Cada miembro de la red designará un punto de contacto y comunicará dicha designación al punto de contacto de la Comisión, así como información detallada relativa a las personas responsables de su funcionamiento y los datos de contacto de éstas. A tal efecto, utilizará el modelo de información sobre el punto de contacto que deberá facilitar el punto de contacto de la Comisión.
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3. El punto de contacto de la Comisión mantendrá actualizada la lista de puntos de contacto y la pondrá a disposición de todos los miembros de la red. Los miembros de la red informarán inmediatamente al punto de contacto de la Comisión sobre cualquier cambio en sus puntos de contacto y datos de contacto.
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4. El punto de contacto de la Comisión facilitará a los miembros de la red los modelos que deberán utilizarse para las notificaciones.
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5. Los miembros de la red garantizarán una comunicación eficaz entre sus puntos de contacto y las autoridades competentes dentro de su jurisdicción, por una parte, y entre sus puntos de contacto y el punto de contacto de la Comisión, por otra, a efectos de la red. En particular:
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a) establecerán una red de comunicación eficaz entre sus puntos de contacto y todas las autoridades competentes pertinentes dentro de su jurisdicción que permita la transmisión inmediata de una notificación a las autoridades competentes para emprender las acciones adecuadas, y asegurarán su buen funcionamiento permanente;
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b) definirán las funciones y responsabilidades de sus puntos de contacto y las de las autoridades competentes pertinentes dentro de su jurisdicción, con respecto a la preparación y la transmisión de las notificaciones enviadas al punto de contacto de la Comisión, y a la evaluación y la distribución de las notificaciones del punto de contacto de la Comisión que se reciban.
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6. Todos los puntos de contacto garantizarán la disponibilidad de un funcionario de guardia con el que se puede contactar fuera de las horas de oficina 24 horas al día y siete días por semana para comunicaciones urgentes[8].»
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5. Notificaciones: definiciones y modalidades
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Según la Comisión, «para que el RASFF funcione eficazmente, deben formularse requisitos relativos al procedimiento de transmisión de los diferentes tipos de notificaciones»[9]. En este sentido, en el Reglamento nº 16/2011 se distinguen diversas categorías de notificaciones:
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1) Notificaciones de alerta (que se definen como «una notificación de un riesgo que requiere o podría requerir una acción rápida en otro país miembro»[10]):
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Los miembros de la red tendrán que enviar este tipo notificaciones al punto de contacto de la Comisión sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo de 48 horas a partir del momento en que se les haya comunicado el riesgo. Dichas notificaciones «… incluirán toda la información disponible relativa, en particular, al riesgo y al producto del que se deriva»[11].
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2) Notificaciones de información («una notificación de un riesgo que no requiere una acción rápida en otro país miembro»[12]):
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Dentro de esta categoría se incluyen:
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«a) notificación de información para seguimiento: una notificación de información relacionada con un producto que está en el mercado o puede comercializarse en otro Estado miembro;
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b) notificación de información para atención: una notificación de información relacionada con un producto que:
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i) está presente únicamente en el país miembro notificante, o
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ii) no ha sido comercializado, o
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iii) ya no está presente en el mercado»[13].
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3) Notificaciones de rechazo en frontera [«una notificación de rechazo de un lote, contenedor o cargamento de productos alimenticios o alimentos para animales[14], tal como se indica en el artículo 50, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) nº 178/2002»[15]]:
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En este caso el punto de contacto de la Comisión transmitirá las notificaciones a los puestos de inspección fronterizos definidos en la Directiva 97/78/CE[16] y a los puntos de entrada designados que se contemplan en el Reglamento nº 882/2004.
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4) Notificaciones de seguimiento («una notificación que incluye información adicional con respecto a una notificación original[17]»[18]):
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Este tipo de notificaciones se regula detalladamente en el artículo 6 del Reglamento nº 16/2011.
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6. Otras disposiciones
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A fin de no extendernos excesivamente en el análisis de lo dispuesto en el Reglamento que nos interesa, subrayaremos sólo que:
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- el artículo 7 se dedica a la “Presentación de las notificaciones”, que se llevará a cabo utilizando los modelos facilitados por el punto de contacto de la Comisión;
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- el artículo 8 (“Verificación de la notificación”) establece inter alia que, antes de transmitir una notificación a todos los miembros de la red, el punto de contacto de la Comisión verificará la completitud[19] y la legibilidad de la notificación, la adecuación de la base jurídica considerada para los casos de incumplimiento y que el tema de la notificación entra dentro del ámbito de aplicación de la red, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento nº 178/2002; y
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- el artículo 11 (“Publicaciones”) prevé que la Comisión podrá publicar un resumen de todas las notificaciones de alerta, información y rechazo en frontera incluyendo información sobre la clasificación y la situación de la notificación, así como un informe anual sobre las notificaciones transmitidas a través de la red.
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Otros artículos cuya lectura puede resultar interesante son el 9 (“Retirada y modificación de las notificaciones”) y el 10 (“Intercambio de información con terceros países”).
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Notas:
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[1] DO n° L 6 de 11 de enero de 2011, pág. 7 [véase la siguiente página de Internet (consultada el 13 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:ES:PDF ].
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[2] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO n° L 31 de 1 de febrero de 2000, pág. 1). Véanse, sobre esta normativa comunitaria: “New food law principles apply from farm to fork”, Consumer Voice, n° 3, 2002, 1-2; ALEMANNO, "Trade in Food - Regulatory and Judicial Approaches to Food Risks in the EC and the WTO", Cameron May, Londres, 2006, 73-160; GONZÁLEZ VAQUÉ, "Objetivo: la seguridad alimentaria en la Unión Europea [el Reglamento (CE) n° 178/2002]", Gaceta Jurídica de la UE, n° 223, 2003, 59-71; y HAGENMEYER, "Modern food safety requirements: according to EC Regulation no. 178/2002", Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, Vol. 29, n° 4, 2002, 443-459.
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[3] Por lo que se refiere al sentido en el que se utiliza el término riesgo en el Reglamento nº 16/2011, véase el cuarto Considerando de dicha normativa comunitaria.
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[4] Consultada el 17 de enero de 2011.
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[5] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO nº L 165 de 30 de abril de 2004, pág. 1).
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[6] Nos ocuparemos de los diversos tipos de notificaciones y de sus definiciones en el epígrafe nº 5.
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[7] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE (DO nº L 338 de 13 de noviembre de 2004, pág. 4).
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[8] La cursiva es nuestra.
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[9] Véase el sexto Considerando del Reglamento nº 16/2011.
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[10] Ibidem, artículo 1(4). Véase también el sexto Considerando en el que se subraya que «las notificaciones de alerta deben transmitirse y tratarse de manera prioritaria».
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[11] Véase el artículo 3.1 del Reglamento nº 16/2011.
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[12] Ibidem, artículo 1(5).
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[13] Ibidem.
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[14] La cursiva es nuestra.
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[15] Véase el artículo 1(6) del Reglamento nº 16/2011.
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[16] Directiva del Consejo de 18 de diciembre de 1997 por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (DO nº L 24 de 30 de enero de 1998, pág. 9).
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[17] Notificación original se define en el artículo 1(7) del Reglamento nº 16/2011 del siguiente modo: «una notificación de alerta, una notificación de información o una notificación de rechazo en frontera».
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[18] Véase el artículo 1(8) del Reglamento nº 16/2011.
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[19] Sic en el artículo 8(a) del Reglamento nº 16/2011.
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[para consultar la Revista ReDeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

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Novedad editorial: "Entre la política i la pedagogia"

2011-01-11T11:01:00.000-08:00

● PERE CARBONELL I FITA, “Entre la política i la pedagogia, 12 anys en missió de servei prop dels consumidors i dels comerciants de Catalunya”. ECOS, Barcelona (2009) 449 págs.
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Pere Carbonell i Fita ocupó el cargo de Director de General de Comercio y Consumo de la Generalitat de Catalunya desde 1981 a 1987 y fue el primer presidente del Instituto Catalán de Consumo. Por ello, sus memorias resultan de gran interés puesto que durante su mandato tuvo que ocuparse de la redacción y adopción de normativas tan importantes como la Llei de les rebaixes, la Llei d’equipaments comercials, etc.
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Sus actividades se centraron también en otras iniciativas no-legislativas como, por ejemplo, el excelente programa L’educació per al consum a l’escola, así como la gestión y coordinación de la inspección alimentaria en plena crisis del aceite de colza. Cabe subrayar que el Sr. Carbonell desarrolló con éxito sus campañas para la modernización del comercio detallista y consiguió saldar positivamente sus relaciones en principio conflictivas con los pasteleros y panaderos (a los que el autor elogia sinceramente en su obra).
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Fiel a sus amigos y respetuoso con los que no lo fueron, el Sr. Carbonell nos explica de forma tan animada que nunca aburre sus contactos con las Cámaras de Comercio y las organizaciones de consumidores de Cataluña. El autor fue también un gran viajante y, gracias sus reiteradas visitas a Bruselas, Lille, Roma o Montpellier y a su perseverancia proverbial, logró que se crearan, por ejemplo, la Agencia de Información Europea sobre el Consumo y el Instituto Europeo Interregional del Consumo (IEIC).
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Sirva esta breve reseña para rendir homenaje a Pere Carbonell, que ha sido y, a sus 93 años, sigue siendo un hombre honesto, eficiente y, en cierto sentido, extraordinario, puesto que en la actualidad es todavía válido lo que Wiston Churchil dijo en su día: «lo malo de nuestra época es que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes».

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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, 27-39

2011-01-03T08:29:00.000-08:00

Propuesta de Reglamento sobre la calidad de los productos agrícolas: objeto, ámbito de aplicación y definiciones

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MARTA PARDO LEAL
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1. Introducción
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El 10 de diciembre de 2010, la Comisión Europea presentó un "Paquete calidad" que incluye, entre otras medidas, una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas[1].
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Nos parece oportuno ocuparnos en la presente nota de la citada Propuesta, que trata de ser «… coherente con las políticas [comunitarias] consagradas a la protección e información de los consumidores, al mercado único y la competencia y el comercio exterior»[2], teniendo en cuenta que algunos autores ya se han mostrado escépticos al respecto[3].
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De todos modos, en esta ocasión nos limitaremos a analizar algunos artículos del Reglamento propuesto por la Comisión (relativos al objeto y ámbito de aplicación, así como a algunas definiciones básicas) a fin de ofrecer una primera valoración del alcance de la futura normativa comunitaria, que regulará no sólo las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas, sino que reglamentará también la utilización de los términos de calidad facultativos.
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Cabe recordar que, además, se incluyen en el citado “Paquete” dos Directrices: una de ellas se refiere al etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) [4], mientras que la otra se ocupa de las mejores prácticas aplicables a los regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas y alimenticios[5]. Se trata, sin embargo, de medidas de aplicación voluntaria que tendrán, probablemente, escaso seguimiento y un impacto mínimo[6].
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De más calibre es la Propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 en lo que se refiere a las normas de comercialización[7]. Precisamente por ello le dedicaremos en breve un artículo monográfico, teniendo en cuenta que la doctrina estima que el texto propuesto contradice lo dispuesto en el Reglamento nº 178/2002[8], en tanto en cuanto se refiere a la exigencia de que los productos sean de calidad sana, cabal y comercial, requisito que se desviaría del concepto de seguridad alimentaria consagrado en el citado Reglamento nº 178/2002[9].
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2. La Propuesta de Reglamento sobre la calidad de los productos agrícolas
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2.1 Objeto: las nociones de valor añadido y recompensa equitativa de los productores
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El texto propuesto por la Comisión se inicia con un nuevo artículo (que no se encuentra en los Reglamentos que se derogarán[10]), habida cuenta de que se trata de un «… Reglamento único[11] de los regímenes de calidad de los productos agrícolas [que] contiene, en una sola estructura reglamentaria, tres regímenes complementarios supervisados por un solo comité de política de la calidad, a saber, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, las especialidades tradicionales garantizadas y los términos de calidad facultativos»[12].
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En este contexto, el artículo 1 (“Objeto”) prevé lo siguiente:
:
«1. El presente Reglamento tiene por objeto ayudar a los productores de productos agrícolas para que informen a los compradores y consumidores de las características y los atributos de producción de sus productos, garantizando al mismo tiempo:
:
– una competencia leal para los agricultores y productores de productos agrícolas que presenten características y atributos con valor añadido[13],
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– el acceso de los consumidores a una información fiable sobre esos productos,
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– el respeto de los derechos de propiedad intelectual y
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– la integridad del mercado interior.
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Las disposiciones que aquí se establecen pretenden impulsar las actividades agrarias y de transformación y los métodos de producción asociados a los productos de alta calidad, contribuyendo así a la realización de la política de desarrollo rural.
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2. El presente Reglamento establece unos regímenes de calidad como base para la identificación y, en su caso, protección de aquellos nombres y términos que indiquen o describan productos agrícolas con:
-
a) características que confieran valor añadido[14] o
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b) atributos que aporten valor añadido[15] debido a las técnicas agrarias o a los métodos de transformación utilizados para su producción, o debido a su lugar de producción o de comercialización.»
-
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Cabe preguntarse si la noción de valor añadido que se menciona reiteradamente en el citado artículo se refiere sólo a los “certificados de garantía de la calidad” [16] o coincide con el concepto de recompensa equitativa de los productores al que se hace referencia en el Considerando nº 3 del texto propuesto:
:
«Los productores sólo pueden seguir produciendo productos que ofrezcan calidad y diversidad si son recompensados equitativamente por su esfuerzo[17]. Para ello, necesitan comunicar a compradores y consumidores las características de su producción en el marco de una competencia leal. Necesitan también que sus productos puedan identificarse correctamente en el mercado.»
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Por otro lado, algunos autores dudan de que el objetivo de la futura normativa comunitaria sea que los productos de calidad aporten al consumidor algún tipo de valor añadido e insisten en que la (¿única?) finalidad del Reglamento en cuestión es que dichos productos se vendan más caros[18] (la recompensa que de tal modo recibirían los esforzados productores[19]).
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En cualquier caso, entendemos que el elemento fundamental de la mencionada disposición es la obligación de facilitar a los consumidores una correcta información, lo que beneficiará a éstos y a los productores, asegurando la lealtad de la competencia… Así lo confirma el artículo 4 del texto propuesto (relativo a las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas) en el que se insiste en que uno de los objetivos del régimen que se establece es prestar ayuda a los productores de productos vinculados a una zona geográfica «proporcionando a los consumidores información clara sobre los atributos que confieran valor añadido a dichos productos» (los otros objetivos son: asegurar a los productores «… una remuneración justa por las cualidades de sus productos» y «garantiza[r] a los nombres de esos productos, como derechos de propiedad intelectual, una protección uniforme en todo el territorio de la Unión Europea»).
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2.2 Ámbito de aplicación
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Si nos atenemos a lo que se declara en el Considerando nº 15 del texto propuesto, su «… ámbito de aplicación […] debe limitarse a los productos agrícolas destinados al consumo humano que figuran en el anexo I del Tratado, así como a una lista de productos que no se recogen en ese anexo pero que están íntimamente unidos a la producción agrícola o a la economía rural».
-
Concretamente, el artículo 2 dispone lo siguiente:
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«1. El presente Reglamento cubre los productos agrícolas destinados al consumo humano que se enumeran en el anexo I del Tratado, así como otros productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento dentro de la categoría que en él se indica.
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No obstante, el régimen de calidad que se establece en el título III del presente Reglamento no se aplicará a los productos agrícolas no transformados.
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Con el fin de garantizar que los productos cubiertos por el presente Reglamento se vinculen estrechamente con la producción agrícola o con la economía rural, la Comisión podrá modificar el anexo I por medio de actos delegados.
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2. El presente Reglamento no se aplicará a los productos vitícolas, salvo a los vinagres de vino, ni a las bebidas espirituosas y vinos aromatizados[20].
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3. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones específicas de la Unión sobre la comercialización de los productos y, en particular, sobre la organización común de mercados única y sobre el etiquetado alimentario.
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4. La Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[21] no se aplicará a los regímenes de calidad establecidos en el presente Reglamento.»
-
,
Por lo tanto, no existen diferencias de gran alcance entre lo que prevé el citado artículo y lo que establecen los Reglamentos que se derogarán en su día[22].
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No obstante, mencionaremos a título de ejemplo que se incluye el chocolate en el apartado relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas del Anexo I, puesto que la Comisión ha estimado que «el hecho de que en el antiguo régimen sólo se incluyeran algunos tipos de chocolate como productos de confitería constituye una anomalía que tiene que corregirse»[23].
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2.3 Definiciones
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2.3.1 Denominación de origen
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En el apartado 3.1 de la “Exposición de Motivos” de la Propuesta que nos interesa se subraya que, en el texto que se propone, «se ajustan más al uso internacional las definiciones de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas»[24].
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Realmente, las modificaciones introducidas en la definición de denominación de origen, son mínimas[25]:
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«denominación de origen: nombre que identifica un producto:
-
i) como originario de una localidad determinada, de una región o, excepcionalmente, de un país,
.
ii) cuya calidad o cuyas características se deban esencial o exclusivamente a un entorno geográfico concreto y a los factores naturales y humanos que le sean inherentes y
-
iii) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad dentro de una misma zona geográfica definida»[26].
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2.3.2 Indicación geográfica
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Lo mismo puede decirse de la definición que figura en el artículo 5.1(b):
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«indicación geográfica: nombre que identifica un producto:
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i) como originario de una localidad determinada, de una región o de un país,
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ii) cuya calidad, reputación u otras características sean atribuibles esencialmente a su origen geográfico y
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iii) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar dentro de la zona geográfica definida».
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2.3.3 Otras definiciones
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En el artículo 3 del texto propuesto por la Comisión se encuentran las siguientes definiciones:
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- «regímenes de calidad», que son los establecidos en los títulos II, III y IV del citado texto;
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- «agrupación», que se define como «cualquier asociación, independientemente de su forma jurídica, que esté compuesta principalmente por productores o transformadores que trabajen con el mismo producto» (es decir, de forma muy parecida a lo previsto en las definiciones que figuran en el artículo 3.1(d) del Reglamento nº 509/2006[27] y en el artículo 5.1 del Reglamento nº 510/2006[28]);
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- «tradicional», en el sentido del uso que se demuestre se haya hecho en el mercado local durante un espacio de tiempo que haya permitido su transmisión entre distintas generaciones (cabe destacar que lo que se modifica de forma notable es precisamente que «ese espacio de tiempo corresponderá al que se atribuye generalmente a dos generaciones, es decir, al menos 50 años[29]» [30]);
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- «etiquetado», que será el significado que se le confiere en el artículo 1.3(a) de la Directiva 2000/13/CE[31];
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- se entenderá por «especificidad», según el punto 5 de dicho artículo 3, «aquellas características y atributos de producción de un producto que lo distingan claramente de otros similares de la misma categoría»; y
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- se considerarán «términos genéricos», en virtud del punto 6 del mismo artículo, «aquéllos que reproduzcan nombres que, pese a referirse a la localidad, región o país donde un producto se produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre común de ese producto en la Unión».
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3. Conclusión
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Se trata de una Propuesta que «… mantiene y refuerza el régimen de los productos agrícolas y alimenticios, pero no agrupa los regímenes que regulan las indicaciones geográficas de los vinos, de los vinos aromatizados y de las bebidas espirituosas»[32], puesto que tal asimilación es un paso que la Comisión no se ha atrevido (¿aún?) a dar.
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La citada Propuesta mantiene en el conjunto de la Unión Europea el régimen de reserva de los nombres de especialidades tradicionales garantizadas, pero elimina la posibilidad de registrar nombres sin reserva, lo que nos parece acertado.
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Por lo que se refiere a la regulación de los términos de calidad facultativos –que tienen en común con los regímenes de calidad el hecho de que sean facultativos y ayuden a los agricultores a presentar en el mercado las características y atributos que aportan valor añadido al producto[33]–, nuestro pronóstico es más reservado: las disposiciones que se proponen son de difícil interpretación y podrían dar lugar a equívocos y abusos.
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Esperemos que el Consejo y el Parlamento Europeo corrijan los defectos de la Propuesta de la Comisión y que no los refuercen o agraven, como han hecho en anteriores ocasiones…
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Notas:
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[1] Documento COM(2010) 733 final, de 10 de diciembre de 2010, que se encuentra en la siguiente página de Internet (consultada el 3 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0733:FIN:ES:PDF .
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[2] Véase el apartado 1.4 (“Coherencia con otras políticas”) de la “Exposición de motivos” del documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1.
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[3] Véase, por ejemplo: NOBELLAR DICENTA, “¿Política de calidad o política de desconcierto y confusión?”, Gaceta del InDeAl, Vol. 12, n° 4, 2010, pág. 23).
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[4] DO n° C 341 de 16 de diciembre de 2010, pág. 3 [este texto puede encontrarse en la siguiente página de Internet (consultada el 3 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0003:0004:ES:PDF ].
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[5] DO n° C 341 de 16 de diciembre de 2010, pág. 5 [este texto puede encontrarse en la siguiente página de Internet (consultada el 3 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:ES:PDF ].
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[6] Véase, en este sentido: FERNÁNDEZ MARILGERA, "El Paquete Calidad de la Comisión: la DG AGRI, bajo los efectos de la intoxicación de los grupos de presión, pierde los papeles", Gaceta del InDeAl, Vol. 13, n° 1, 2011, 2-3.
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[7] Documento COM(2010) 738 final, de 10 de diciembre de 2010, que se encuentra en la siguiente página de Internet (consultada el 3 de enero de 2011): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0738:FIN:ES:PDF .
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[8] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO n° L 31 de 1 de febrero de 2000, pág. 1). La versión consolidada de este Reglamento se encuentra en la siguiente página de Internet (consultada el 18 de diciembre de 2010): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:ES:PDF . Véanse, sobre esta normativa comunitaria: “New food law principles apply from farm to fork”, Consumer Voice, n° 3, 2002, 1-2; ALEMANNO, "Trade in Food - Regulatory and Judicial Approaches to Food Risks in the EC and the WTO", Cameron May, Londres, 2006, 73-160; GONZÁLEZ VAQUÉ, "Objetivo: la seguridad alimentaria en la Unión Europea [el Reglamento (CE) n° 178/2002]", Gaceta Jurídica de la UE, n° 223, 2003, 59-71; y HAGENMEYER, "Modern food safety requirements: according to EC Regulation no. 178/2002", Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, Vol. 29, n° 4, 2002, 443-459.
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[9] Según NOBELLAR DICENTA, la DG AGRI desea de este modo recuperar las competencias atribuidas a la DG SANCO tras la crisis de las vaca locas (véase la obra de dicho autor citada en la nota 3, pág. 22). Por lo que se refiere a la noción de seguridad según lo dispuesto en el Reglamento nº 178/2002, véase: VIDRERAS PÉREZ, “Los conceptos de seguridad y aceptabilidad de los alimentos: interpretación del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 178/2002”, ReDeco, nº 25, 2011, 21-28.
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[10] Es decir, el Reglamento (CE) nº 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (DO nº L 93 de 31 de marzo de 2006, pág. 1) y el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO nº L 93 de 31 de marzo de 2006, pág. 12).
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[11] La cursiva es nuestra.
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[12] Véase el apartado 3.1 (“Resumen de la medida propuesta”) de la “Exposición de motivos” del documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1.
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[13] La cursiva es nuestra.
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[14] Idem.
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[15] Idem.
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[16] Como sugiere NOBELLAR DICENTA, teniendo en cuenta lo que se indica al respecto en el apartado 1.2 de la “Exposición de motivos” del documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1 (véase la obra de dicho autor citada en la nota 3, pág. 24).
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[17] La cursiva es nuestra.
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[18] Véase, por ejemplo: FERNÁNDEZ MARILGERA, obra citada en la nota 6, 3-4.
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[19] Ibidem [vale la pena subrayar en este sentido que, en el apartado 2.3 de la “Exposición de motivos” del documento COM(2010) 733 final, citado en la nota 1, se recuerda que «el examen de los datos relativos a los precios mostró que los ingresos de los productores de productos con DOP o con IGP son más elevados que los que se obtienen por los productos sin designación y que la etiqueta de las DOP conlleva precios más altos que la de las IGP»].
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[20] La cursiva es nuestra.
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[21] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204 de 21 de julio de 1998, pág. 37). Véanse, sobre esta normativa comunitaria: DE BRANDT y KOEN, “Le contrôle préventif, au regard du droit communautaire, des règles techniques introduites par des autorités nationales”, Journal de droit européen, Vol.16, n° 147, 2008, 69-76; y HERLITZ, “La politique de prévention des obstacles aux échanges de marchandises et de services de la société de l’information: les vingt-cinq ans d’un instrument révolutionnaire: la directive 98/34/CE (ex-83/189/CEE)”, Revue du droit de l’Union européenne, n° 3, 2008, 403-460.
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[22] Véase la nota 10 [cabe recordar que la doctrina ha puesto en duda la oportunidad de modificar dos normativas comunitarias relativamente recientes y que funcionan bastante (¿muy?) bien (véase, por ejemplo: NOBELLAR DICENTA, obra citada en la nota 3, 22-23)].
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[23] Véase el Considerando nº 17 del texto propuesto en el documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1.
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[24] Véase también el Considerando nº 22 del texto propuesto en el documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1.
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[25] Como subraya FERNÁNDEZ MARILGERA se ha eliminado la expresión «de una región, de un lugar determinado o, excepcionalmente de un país» en relación a nombre, así como los adjetivos agrícola o alimenticio que acompañaban a producto (véase la obra de dicha autora citada en la nota 6, pág. 5).
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[26] Véase el artículo 5.1(a) del texto propuesto en el documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1.
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[27] Véase la nota 10 (véase, sobre las definiciones previstas en el Reglamento nº 509/2006: PARDO LEAL, “El nuevo Reglamento n° 509/2006 en materia de especialidades tradicionales: de la reforma a la contrarreforma”, Revista de Derecho Alimentario, n° 14, 2006, pág. 24).
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[28] Véase también la nota 10 (véase, sobre las definiciones previstas en el Reglamento nº 510/2006: GONZÁLEZ VAQUÉ, “Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: interpretación y aplicación del nuevo Reglamento n.º 510/2006”, Derecho de los Negocios, nº 193, 2006, 7-9).
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[29] La cursiva es nuestra.
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[30] Véase el artículo 3.3 del texto propuesto en el documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1 (véase también el apartado 3.1 de la “Exposición de motivos” de dicho documento en el que se subraya que «el criterio de la tradición se amplía de 25 a 50 años para reforzar la credibilidad del sistema»).
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[31] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO nº L 109 de 6 de mayo de 2000, pág. 29). Vale la pena recordar que, si se adopta la Propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento “sobre la información alimentaria facilitada al consumidor” [documento COM(2008) 40 final de 30 de enero de 2008], será preciso referirse a la información alimentaria, expresión que substituiría a la de etiquetado (véase, sobre dicha Propuesta: FERNÁNDEZ MARILGERA, "La Propuesta de la Comisión relativa a un nuevo Reglamento en materia de etiquetado alimentario: ¿Simplificación o utopía inaplicable?", Revista de Derecho Alimentario, n° 33, 2008, 14-17).
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[32] Véase apartado 3.1 de la “Exposición de motivos” del documento COM(2010) 733 final citado en la nota 1.
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[33] Ibidem.

[para consultar la Revista Redeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, pág. 1

2011-01-03T07:45:00.000-08:00

Editorial:

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La legislación alimentaria de la UE, en lugar de simplificarse se complica cada vez más…
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A finales de 2010 la Comisión Europea presentó un "Paquete calidad" que incluye diversas propuestas que suponen una incógnita para la futura regulación del sector, cuando el iter legislativo de la Propuesta de la Comisión referente a un Reglamento “sobre la información alimentaria facilitada al consumidor” [documento COM(2008) 40 final de 30 de enero de 2008] que regulará el etiquetado de los productos alimenticios parece no tener fin.
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Por otro lado, la aplicación del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos resulta siempre más problemática y controvertida.
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En este contexto… ¿podemos adivinar cuáles son los buenos deseos para el año nuevo del legislador comunitario?
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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, 15-25

2010-12-13T08:12:00.000-08:00

UE: Los conceptos de seguridad y aceptabilidad de los alimentos: interpretación del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 178/2002

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CLARA VIDRERAS PÉREZ
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1. Introducción
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El artículo 14 del Reglamento nº 178/2002[1] dispone lo siguiente:
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«1. No se comercializarán los alimentos que no sean seguros.
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2. Se considerará que un alimento no es seguro cuando:
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a) sea nocivo para la salud;
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b) no sea apto para el consumo humano.
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3. A la hora de determinar si un alimento no es seguro, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
:
a) las condiciones normales de uso del alimento por los consumidores y en cada fase de la producción, la transformación y la distribución, y
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b) la información ofrecida al consumidor, incluida la que figura en la etiqueta, u otros datos a los que el consumidor tiene por lo general acceso, sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales para la salud que se derivan de un determinado alimento o categoría de alimentos.
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4. A la hora de determinar si un alimento es nocivo para la salud, se tendrán en cuenta:
:
a) los probables efectos inmediatos y a corto y largo plazo de ese alimento, no sólo para la salud de la persona que lo consume, sino también para la de sus descendientes;
;
b) los posibles efectos tóxicos acumulativos;
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c) la sensibilidad particular de orden orgánico de una categoría específica de consumidores, cuando el alimento esté destinado a ella.
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5. A la hora de determinar si un alimento no es apto para el consumo humano, se tendrá en cuenta si el alimento resulta inaceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que está destinado, por estar contaminado por una materia extraña o de otra forma, o estar putrefacto, deteriorado o descompuesto.
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6. Cuando un alimento que no sea seguro pertenezca a un lote o a una remesa de alimentos de la misma clase o descripción, se presupondrá que todos los alimentos contenidos en ese lote o esa remesa tampoco son seguros, salvo que una evaluación detallada demuestre que no hay pruebas de que el resto del lote o de la remesa no es seguro.
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7. El alimento que cumpla las disposiciones comunitarias específicas que regulen la inocuidad de los alimentos se considerará seguro por lo que se refiere a los aspectos cubiertos por esas disposiciones.
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8. La conformidad de un alimento con las disposiciones específicas que le sean aplicables no impedirá que las autoridades competentes puedan tomar las medidas adecuadas para imponer restricciones a su comercialización o exigir su retirada del mercado cuando existan motivos para pensar que, a pesar de su conformidad, el alimento no es seguro.
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9. A falta de disposiciones comunitarias específicas, se considerará seguro un alimento si es conforme a las disposiciones específicas de la legislación alimentaria nacional del Estado miembro donde se comercialice ese alimento; esas disposiciones nacionales deberán estar redactadas y aplicarse sin perjuicio del Tratado, y en particular de sus artículos 28 y 30 [actualmente artículos 34 y 36 TFUE].»
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Se trata de un artículo complejo, cuya interpretación no es siempre fácil debido a la coexistencia de dos conceptos dispares: seguridad (¿inocuidad?) y aceptabilidad de los productos alimenticios.
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Por ello nos parece oportuno comentar en la presente nota el alcance y posible impacto de dicha disposición en la práctica, basándonos fundamentalmente en las “Orientaciones acerca de la aplicación de los artículos 11, 12, 14, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento nº 178/2002 sobre la legislación alimentaria general”[2] adoptadas por el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal (en lo sucesivo, las “Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002”).
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En nuestra opinión, dichas Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, aunque «… no tiene[n] valor jurídico alguno y, en caso de conflicto, la interpretación de la ley incumbe en última instancia al Tribunal de Justicia [de la Unión Europea]» [3], pueden resultar de gran utilidad a todos los agentes que participan en la cadena alimentaria, a fin de que éstos puedan comprender mejor el citado Reglamento y aplicarlo de manera correcta y uniforme.
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2. Seguridad y aceptabilidad como factores fundamentales para lograr la confianza de los consumidores
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En las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002 se parte de la base de que la seguridad y aceptabilidad de los alimentos son aspectos de vital importancia: «los consumidores deben tener la confianza y la seguridad de que los alimentos que compran responderán a sus expectativas y no les causarán daños ni tendrán efectos perjudiciales»[4].
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En efecto, la finalidad del artículo 14 es proteger al consumidor de los alimentos:
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- que constituyen un riesgo para la salud; o
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- que son inadmisibles.
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El objetivo de dicho artículo es proteger la salud pública. Para ello establece los factores que se deben considerar al decidir si un producto alimenticio, en el sentido del artículo 2 del Reglamento nº 178/2002, es nocivo para la salud o, alternativamente, no es apto para el consumo humano.
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3. ¿A qué alimentos se aplican los requisitos previstos en el artículo 14?
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Los requisitos del artículo 14 son aplicables a los alimentos «comercializados».
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La definición de «comercialización» es muy amplia:
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«la tenencia de alimentos […] con el propósito de venderlos; se incluye la oferta de venta o de cualquier otra forma de transferencia, ya sea a título oneroso o gratuito, así como la venta, distribución u otra forma de transferencia»[5].
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Dicha definición engloba las ventas y los suministros, incluidas las ventas puntuales, los suministros excepcionales gratuitos y la tenencia de alimentos con el propósito de venderlos. El artículo no cubre, sin embargo, la producción primaria ni el uso de alimentos para uso privado, exentos en virtud de lo previsto en el artículo 1.3 del Reglamento nº 178/2002.
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4. ¿Cuándo se considerará que un alimento no es seguro (artículos 14.1, 14.2 y 14.3)?
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4.1 Alimentos nocivos para la salud
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Una vez se haya identificado el factor de peligro que pueda causar un efecto perjudicial para la salud, según las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, deberá llevarse a cabo la determinación del riesgo asociado, teniendo en cuenta los factores enumerados en los artículos 14.3 y 14.4.
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Cabe recordar que no todos los factores de peligro que puedan aparecer en los alimentos[6] están controlados por una normativa específica. Un producto alimenticio podría resultar nocivo para la salud sin exceder ningún límite legal específico: «éste podría ser el caso, por ejemplo, si en un alimento se encontrara vidrio, que no es una sustancia específicamente prohibida, o si, por ejemplo, se encontrara un agente químico peligroso que no esté explícitamente identificado en la legislación sobre contaminantes en los alimentos»[7].
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Evidentemente, la cuestión principal es que una vez identificado un factor de peligro de cualquier tipo, resulta imperativo determinar el riesgo que este pueda suponer para la salud
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En caso de que exista la sospecha de que un determinado producto alimenticio pueda ser nocivo para la salud, las empresas alimentarias deben determinar la gravedad del riesgo en ese contexto. Esto les permitirá tomar decisiones sobre las acciones apropiadas. La responsabilidad relativa a la determinación del riesgo recae en los explotadores de empresa alimentaria[8] bajo el control de las autoridades nacionales competentes una vez éstas han sido informadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.
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Cabe subrayar que el concepto de «nocivo para la salud» hace referencia al potencial para perjudicar la salud humana. Por ejemplo, la toxina botulínica en un producto alimenticio. Los alimentos pueden ser nocivos aunque sus efectos tóxicos sean acumulativos o sólo se manifiesten después de un largo periodo de tiempo, como la contaminación por dioxinas, metil mercurio o carcinógenos genotóxicos que podrían afectar a los descendientes. En este contexto, en el apartado 3.4 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, se insiste en que el artículo 14.4(c) establece que si un alimento está dirigido a un grupo de consumidores con problemas de salud especiales (por ejemplo, intolerancias o alergias), estos problemas deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si un alimento es nocivo para la salud. Por ejemplo, cuando se trate de alimentos expuestos de forma inintencionada a la contaminación cruzada con frutos de cáscara, lo que sería nocivo para la salud si los alimentos en cuestión estuvieran dirigidos a personas que deben seguir una dieta sin frutos de cáscara. Sin embargo, si un producto no lleva una advertencia de que está destinado a un grupo con problemas de salud específicos, el hecho de que pueda resultar perjudicial para ese grupo no significa automáticamente que sea nocivo en el sentido descrito en el Reglamento que nos interesa (excepto en el caso de que no se haya comunicado de forma adecuada la información obligatoria).
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4.2 Alimentos no aptos para el consumo humano
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De forma un tanto lacónica, en el apartado 3.2 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, se indica lo siguiente:
:
«El concepto central de no apto es la inadmisibilidad. Los alimentos pueden volverse no aptos a causa de una contaminación, como la causada por un elevado nivel de contaminación microbiológica no patógena (véase el artículo 14, apartados 3 y 5, del Reglamento [nº 178/2002]), la presencia de cuerpos extraños o gusto u olor inadmisibles, así como deterioros perjudiciales más obvios, como la putrefacción o la descomposición.»
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Uno de los conceptos más controvertidos y polémicos entre todos los que ha manejado el legislador comunitario al regular el sector alimentario es precisamente el de la inadmisibilidad[9].
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Si nos atenemos a las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, no puede excluirse que algunos alimentos que no supongan en absoluto un riesgo para la salud se consideren no aptos debido a que existen motivos razonables para considerarlo inaceptable para el consumo humano.
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Entre los posibles ejemplos se incluyen los siguientes:
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• pescado en descomposición, con un fuerte olor; o
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• una uña en una pieza de embutido.
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Siempre según la misma fuente, un alimento puede no ser apto debido a la posibilidad de que suponga un riesgo para la salud en función del nivel de contaminación. Así, por ejemplo:
:
• determinados tipos de alimentos enmohecidos: este ejemplo podría incluir alimentos que contienen moho no directamente visible (por ejemplo, en un relleno de frutas) que no constituye una característica normal del producto;
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• pescado que contiene parásitos; o
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• alimentos con un nivel anormalmente alto de microorganismos no patógenos.
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4.3 Consideraciones para determinar si un alimento no es seguro
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Los alimentos pueden no ser seguros debido a una propiedad intrínseca del alimento, como la contaminación por bacterias patógenas. Sin embargo, no se considerará que un alimento no es seguro si en las condiciones normales de uso resulta seguro [artículo 14.3(a)].
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En el apartado 3.3 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, se encuentran algunos ejemplos:
:
- en general se acepta que en la mayor parte de los casos la carne debe cocinarse correctamente a fin de que su consumo sea seguro; y
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- si, en determinados casos, no se suministra información esencial sobre el uso del producto alimenticio, o la información proporcionada es incorrecta, el producto alimenticio podría no ser seguro y, en este sentido, el artículo 14.3(b) establece que se tendrá en cuenta la información ofrecida al consumidor, incluida la que figura en la etiqueta u otros datos a los que el consumidor tiene por lo general acceso, sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales para la salud que se derivan de un determinado alimento o categoría de alimentos: «un ejemplo de esto sería cuando un alimento o un ingrediente alimentario pueda suponer un riesgo para la salud de determinado grupo de consumidores en el caso de que no se hubiera comunicado efectivamente información obligatoria sobre el alimento o uno de sus ingredientes»[10].
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5. Alimentos conformes con la legislación comunitaria (artículo 14.7): alcance de la presunción de seguridad
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El artículo 14.7 establece que el alimento que cumpla las disposiciones comunitarias específicas que regulen la inocuidad de los alimentos se considerará seguro por lo que se refiere a los aspectos cubiertos por esas disposiciones. En consecuencia, se supondrá que un alimento que no cumpla las disposiciones comunitarias específicas no es seguro, a menos que una determinación del riesgo establezca lo contrario.
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Concretamente, en el apartado 3.6 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002, se precisa:
:
«En particular, al cumplir la obligación establecida en el artículo 17 y tomar decisiones en virtud del artículo 19, las empresas alimentarias deben aplicar el artículo 14, apartado 7, de manera proporcionada.
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Por ejemplo, el incumplimiento de un determinado límite legal de la legislación comunitaria sobre residuos significaría que posiblemente el alimento es nocivo para la salud en virtud del artículo 14, apartado 4, o no es apto para el consumo humano en virtud del artículo 14, apartado 5.
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En este contexto, debería llevarse a cabo una evaluación teniendo en cuenta los factores establecidos en el artículo 14, apartados 3 a 5, a la luz de la legislación en cuestión. Si, no obstante, esta evaluación pusiera de relieve que el alimento no es nocivo para la salud y es apto para el consumo humano, no se consideraría que no es seguro a efectos del artículo 19 del Reglamento. Este podría ser el caso, por ejemplo, porque, aunque se ha introducido un nivel de tolerancia en la legislación en materia de residuos de plaguicidas en alimentos y el alimento incumplía el límite legal, no se considerará que no es seguro a efectos del artículo 19 del Reglamento porque el nivel máximo de residuos de plaguicidas tiene en cuenta una práctica agrícola correcta. No obstante, seguiría incumpliendo la legislación pertinente en materia de residuos de plaguicidas y no debería comercializarse.
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Sin embargo, en los casos en los que se considera que un alimento no es conforme a la legislación comunitaria sectorial y se determina que incumple los requisitos de seguridad alimentaria del artículo 14, los requisitos del artículo 19 del Reglamento seguirán siendo aplicables. Por tanto, a efectos de los requisitos del artículo 19, cada incidente debe tratarse de forma individual[11].»
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Notas:
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[1] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO n° L 31 de 1 de febrero de 2000, pág. 1). La versión consolidada de este Reglamento se encuentra en la siguiente página de Internet (consultada el 18 de diciembre de 2010): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:ES:PDF . Véanse, sobre esta normativa comunitaria: “New food law principles apply from farm to fork”, Consumer Voice, n° 3, 2002, 1-2; ALEMANNO, "Trade in Food - Regulatory and Judicial Approaches to Food Risks in the EC and the WTO", Cameron May, Londres, 2006, 73-160; GONZÁLEZ VAQUÉ, "Objetivo: la seguridad alimentaria en la Unión Europea [el Reglamento (CE) n° 178/2002]", Gaceta Jurídica de la UE, n° 223, 2003, 59-71; HAGENMEYER, "Modern food safety requirements: according to EC Regulation no. 178/2002", Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, Vol. 29, n° 4, 2002, 443-459; y PARDO LEAL, “El Reglamento general sobre los alimentos: ¿el último recurso para recuperar la confianza de los consumidores?”, Gaceta Jurídica de la UE, n° 212, 2001, 100-112.
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[2] Véase la última versión de dicho documento en la siguiente página de Internet (consultada el 18 de diciembre de 2010): http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/docs/guidance_rev_8_es.pdf .
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[3] Véase la “Introducción” de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002.
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[4] Ibidem, epígrafe nº 1 de la primera parte (sobre la importancia atribuida al objetivo de lograr la confianza de los consumidores en el Reglamento nº 178/2002, véase: BOURGES, “La seguridad alimentaria: ¿cuestión de confianza?”, ReDeco, nº 24, 2010, 27-40).
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[5] Véase el artículo 3.8 del Reglamento nº 178/2002.
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[6] Sic en el apartado 3.2 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002.
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[7] Véase el apartado 3.2 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002.
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[8] Que se definen en el artículo 3.8 del Reglamento nº 178/2002 del siguiente tenor: «las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control».
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[9] Véase: ANTOÑANZAS SERRERES "La Comisión Europea: ¿la suprema instancia de interpretación del Derecho alimentario comunitario?", Gaceta del InDeAl, Vol. 10, n° 1, 2008, pág. 26.
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[10] Véase también el apartado 3.3 de la primera parte de las Orientaciones relativas al Reglamento nº 178/2002.
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[11] La cursiva es nuestra.

[para consultar la Revista Redeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, 49-53

2010-12-10T11:08:00.001-08:00

La noción de mala fe en caso de registro abusivo de nombres de dominio: la sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) "Internetportal und Marketing GmbH" de 3 de junio de 2010

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1. Introducción
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Nos parece oportuno comentar en la presente nota[1] la sentencia “Internetportal und Marketing GmbH”[2], dictada el 3 de junio de 2010 por el Tribunal de Justicia[3] (TJ), porque en dicho fallo se especifican los criterios que permitirán apreciar si existe mala fe en los casos de registro especulativo y abusivo de nombres de dominio en Internet en virtud del Reglamento nº 874/2004, relativo a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu[4].
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Mediante dicho fallo el TJ dio respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof[5] (Austria), que tenía por objeto la interpretación del artículo 21 del citado Reglamento nº 874/2004 y que se presentó en el marco de un litigio relativo al nombre de dominio «www.reifen.eu» entre, por un lado, Internetportal und Marketing GmbH, sociedad anónima que se dedica a la explotación de sitios Internet y a la comercialización de productos también por Internet, y que es titular de la marca sueca &R&E&I&F&E&N&, y, por otro, el Sr. Richard Schlicht, titular de la marca del Benelux «Reifen».
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2. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
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La demandante en el procedimiento principal, Internetportal und Marketing GmbH, con domicilio en Salzburgo (Austria), solicitó con éxito al Registro sueco de marcas el registro de un total de treinta y tres denominaciones genéricas alemanas como marcas, y lo hizo utilizando cada vez el carácter especial «&» al principio, al final y entre las letras. Cabe destacar que en 2005 presentó una solicitud de registro de la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& en la clase 9, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, “Arreglo de Niza”), correspondiente a la descripción cinturones de seguridad[6]. Dicha marca fue registrada (con el número 376729) el 25 de noviembre de 2005.
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Por otro lado, Internetportal und Marketing GmbH obtuvo el registro del nombre de dominio «www.reifen.eu» durante la primera fase del procedimiento de registro escalonado según lo previsto en el Reglamento nº 874/2004 basándose en su marca sueca &R&E&I&F&E&N&, eliminando de ésta el carácter especial “&”, en aplicación de una de las reglas de transcripción enunciadas en el artículo 11 de dicho Reglamento. Como recordó el TJ, refiriéndose a los hechos mencionados en la resolución de remisión, al solicitar el registro del nombre de dominio «www.reifen.eu»[7] la demandante tenía la intención de explotar un sitio Internet para el comercio de neumáticos. No obstante, aún no había realizado preparativos significativos para su desarrollo, debido al procedimiento judicial pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente y al anterior procedimiento extrajudicial.
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El demandado en el litigio principal, el Sr. Richard Schlicht, que es titular de la marca denominativa Reifen, registrada el 28 de noviembre de 2005 en la Oficina de Marcas del Benelux para las clases 3 y 35 en el sentido del Arreglo de Niza, se opuso al registro del nombre de dominio «www.reifen.eu» a favor de la demandante ante el Tribunal de Arbitraje. Mediante resolución de 24 de julio de 2006, el citado Tribunal estimó su recurso y retiró a Internetportal und Marketing GmbH el nombre de dominio «reifen» para cedérselo al demandado. En su resolución, el Tribunal de Arbitraje entendió que el carácter “&” contenido en una marca no debe ser eliminado, sino transcrito en caracteres normales. Según el citado Tribunal, la demandante había querido eludir manifiestamente la regla de transcripción del artículo 11.2 del Reglamento nº 874/2004 en un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio. Por consiguiente, había actuado de mala fe al solicitar el registro del nombre de dominio controvertido en el procedimiento principal.
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Por su parte, Internetportal und Marketing GmbH impugnó la mencionada resolución ejercitando una acción con arreglo al artículo 22.13 del Reglamento nº 874/2004. Al ser declarada infundada en primera instancia dicha acción, y su recurso de apelación desestimado, la demandante interpuso un recurso de revisión ante el Oberster Gerichtshof, que, al considerar que la solución de la controversia dependía de la interpretación del Derecho de la Unión y, en particular, del artículo 21 del Reglamento nº 874/2004, suspendió el procedimiento y planteó al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales.
:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 […] en el sentido de que existe un derecho con arreglo a esta disposición aun cuando:
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a) se hubiera adquirido una marca, sin intención de utilizarla en productos ni servicios, sólo con el fin de poder solicitar el registro de un dominio correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) en la primera fase del registro escalonado;
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b) la marca en que se basa el registro del dominio y que es idéntica a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) difiere del dominio en la medida en que la marca contiene caracteres especiales que se han eliminado del nombre de dominio, a pesar de que habría sido posible transcribir dichos caracteres especiales y su eliminación hace que el dominio se diferencie de la marca de tal manera que no exista riesgo de confusión?
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2) ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 en el sentido de que sólo en los casos mencionados en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), existen intereses legítimos?
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3) [En caso de respuesta negativa,] ¿existen intereses legítimos en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 también cuando el titular del dominio desea utilizar el dominio correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) para un sitio Internet temático?
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[…]
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.4) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y tercera:¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 3, del Reglamento […] en el sentido de que sólo los supuestos mencionados en sus letras a) a e) constituyen mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de [dicho] Reglamento […]?
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[…]
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5) [En caso de respuesta negativa,] ¿existe también mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento […] nº 874/2004 cuando el dominio ha sido registrado en la primera fase del registro escalonado basándose en una marca correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana), que fue adquirida por el titular del dominio únicamente para poder solicitar el registro del dominio en la primera fase del registro escalonado y así anticiparse a otros interesados, incluidos los titulares de derechos sobre el signo?»
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3. Las Conclusiones de la Abogado General Verica Trstenjak[8]
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La Abogado General VERICA TRSTENJAK sugirió al TJ que respondiera de la siguiente manera a dichas cuestiones prejudiciales:
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«1) El artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 874/2004 […], así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca nacional tiene un derecho en el sentido de esta disposición siempre y cuando dicha marca no haya sido anulada por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes y con arreglo a los procedimientos establecidos en Derecho nacional por causa de mala fe u otra.
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Este derecho existe aunque la marca en la que se base el registro se diferencie del nombre de dominio tras la adecuada eliminación en éste de los caracteres especiales que dicha marca contenía. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si dichos caracteres especiales habrían podido transcribirse.
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2) Para el examen de la mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con su apartado 3, cuyos criterios no son exhaustivos, el órgano jurisdiccional nacional ha de tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso concreto, en particular:
:
– las circunstancias en las que fue adquirida la marca, en particular la intención de no utilizarla en el mercado para el que se solicitó la protección;
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– el hecho de que se trate de un nombre genérico procedente de la lengua alemana; y
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– el uso eventualmente abusivo del signo “&” para influir en la aplicación de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004,
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siempre que el único fin del registro sea poder solicitar el registro del nombre de dominio correspondiente a la marca durante la primera fase del registro de nombre de dominio (sunrise period) prevista por dicho Reglamento.»
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4. Fallo
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En respuesta a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof, el TJ (Sala Segunda) declaró:
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«1) El artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que la mala fe puede quedar demostrada en otros supuestos que los enumerados en los apartados a) a e) de esta disposición.
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2) Para apreciar si existe un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y, en particular, las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca y aquéllas en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu.
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En cuanto a las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, en particular:
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– la intención de no utilizar la marca en el mercado para el que se solicitó la protección;
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– la presentación de la marca;
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– el hecho de haber registrado un número elevado de otras marcas correspondientes a denominaciones genéricas, y
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– el hecho de haber registrado la marca poco antes del inicio del registro escalonado de nombres de dominio de primer nivel .eu.
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Por lo que respecta a las circunstancias en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel .eu, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración, en particular:
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– el uso abusivo de caracteres especiales o de signos de puntuación, en el sentido del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, a efectos de la aplicación de las reglas de transcripción contenidas en este artículo;
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– el registro durante la primera fase del registro escalonado establecido en este Reglamento en virtud de una marca adquirida en circunstancias análogas a las del asunto principal, y
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– el hecho de haber presentado un número elevado de solicitudes de registro de nombres de dominio correspondientes a denominaciones genéricas.»
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5. Comentarios
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5.1 Sobre el supuesto carácter exhaustivo de las circunstancias que caracterizan la mala fe enumeradas en las letras a) a e) del artículo 21.3 del Reglamento nº 874/2004
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Tras ocuparse de la disparidad detectada entre las diversas versiones lingüísticas del artículo 21.3 del Reglamento nº 874/2004, el TJ subrayó que dicha normativa comunitaria tiene por objeto la adopción de una política general en materia de registro especulativo y abusivo de los nombres de dominio a fin garantizar el respeto de los derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o por el Derecho de la Unión Europea, recordando que «esta política general la desarrolla más concretamente el artículo 21 del Reglamento nº 874/2004, que establece, básicamente, la revocación de un nombre de dominio registrado de manera especulativa o abusiva»[9].
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En este contexto, el TJ declaró que el objetivo de impedir los registros especulativos o abusivos de nombres de dominio que, por su propia naturaleza, pueden caracterizarse por diversas circunstancias fácticas y jurídicas, se vería comprometido si la mala fe en el sentido del artículo 21.1(b) del Reglamento nº 874/2004 sólo pudiera demostrarse en las circunstancias enumeradas con carácter limitativo en las letras a) a e) del artículo 21.3. Además, el TJ se refirió al decimosexto considerando de dicho Reglamento recordando «… que el Registro debe tener en cuenta las mejores prácticas internacionales en la materia y, en particular, las recomendaciones pertinentes de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), a fin de evitar los registros especulativos y abusivos en la medida de lo posible»[10].
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Por consiguiente, la respuesta a la cuarta cuestión planteada por el Oberster Gerichtshof[11] fue la de que el artículo 21.3 del Reglamento nº 874/2004 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe puede quedar demostrada en otros supuestos que los enumerados en los apartados a) a e) de dicha disposición.
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5.2 Sobre el concepto de mala fe en el sentido del artículo 21.1(b) del Reglamento nº 874/2004
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El TJ insistió en que la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso[12].
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En este sentido, estimó que debían examinarse las circunstancias en las que se había registrado la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& y se refirió concretamente a:
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- la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca como elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (el hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de utilizarla como tal, sino con la única finalidad de obtener a continuación el registro, en virtud del derecho a dicha marca, de un nombre de dominio de primer nivel .eu durante la primera fase del registro escalonado previsto en el Reglamento nº 874/2004, puede, en determinadas circunstancias, caracterizar un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21.1(b) de dicho Reglamento);
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- la presentación de la marca en cuestión también puede ser pertinente para apreciar la existencia de un comportamiento de mala fe (a este respecto, el TJ recordó que el órgano jurisdiccional remitente había señalado que, prescindiendo de los caracteres especiales intercalados entre las letras, la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& corresponde a una denominación genérica en lengua alemana, a saber, «Reifen», o sea neumáticos);
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- el carácter repetitivo de un comportamiento, que también puede tomarse en consideración para apreciar si es o no constitutivo de mala fe (por lo que atañe a este particular, el órgano jurisdiccional remitente indicó que la demandante había registrado en Suecia un total de 33 marcas correspondientes a denominaciones genéricas en lengua alemana, utilizando cada vez el carácter especial “&” al principio, al final y entre todas las letras que aparecían en los signos cuyo registro se solicitaba); y
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- la cronología de los acontecimientos, que también puede constituir un elemento pertinente de apreciación (según el TJ en el caso sobre el que tenía que pronunciarse el órgano jurisdiccional remitente la circunstancia de que la demandante no registrara la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& hasta poco antes del inicio de la primera fase del registro escalonado de los nombres de dominio de primer nivel .eu merecía también particular atención a efectos de determinar la existencia de una eventual mala fe).
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Según el TJ, la presencia de caracteres especiales en el nombre sobre el que se reivindica un derecho anterior, así como la elección efectuada por el solicitante entre las tres reglas de transcripción de dichos caracteres contenidas en el artículo 11.2 del Reglamento nº 874/2004[13] pueden indicar la existencia de un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21.1(b), en particular en el caso en que el nombre de dominio del que se solicita el registro no concuerde con el nombre sobre el que se reivindica un derecho anterior.
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El TJ se refirió asimismo a los objetivos perseguidos por el legislador comunitario al instaurar, en virtud del Reglamento nº 874/2004, un procedimiento de registro escalonado, que consta de dos partes:
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- la primera parte que está reservada a solicitudes de nombres de dominio relativas a marcas nacionales y comunitarias, indicaciones geográficas y nombres y siglas de organismos públicos; y
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- la segunda parte que se refiere tanto a nombres que puedan registrarse en la primera parte, como a nombres amparados por cualquier otro tipo de derecho anterior.
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En relación con la aplicación de dicho procedimiento, vale la pena añadir que el TJ precisó lo siguiente:
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«68. Resulta por tanto que un nombre de dominio como el controvertido en el litigio principal, correspondiente a una denominación genérica deseada como tal, sólo pudo registrarse en la primera parte del registro escalonado gracias al artificio de una marca creada y registrada con este propósito.
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69. En efecto, al no haber solicitado el registro de una marca denominativa, la demandante debería haber esperado el inicio del registro generalizado de nombres de dominio de primer nivel .eu para poder presentar su solicitud, arriesgándose de este modo, como cualquier otra persona interesada por el mismo nombre de dominio, a verse adelantada, con arreglo al principio al primero que llega es al primero que se atiende, por otra solicitud de registro presentada con anterioridad a la suya.
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70. Un comportamiento que pretende manifiestamente eludir el procedimiento de registro escalonado establecido por el Reglamento nº 874/2004 debe, por lo tanto, ser tenido en cuenta para apreciar la existencia de un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.»
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Notas:
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[1] Redactada basándose en el artículo “El TJUE precisa el alcance de la noción de mala fe en caso de registro abusivo de nombres de dominio (Reglamento nº 874/2004): la sentencia “Internetportal und Marketing GmbH” de LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, publicado en: Autocontrol, nº 158, 2010, 11-14.
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[2] Asunto C-569/08, pendiente de publicación.
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[3] El Tratado de Lisboa ha introducido modificaciones en cuanto a la organización y las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), compuesto ahora por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública.
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[4] Tribunal Supremo.
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[5] Reglamento (CE) de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro (DO nº L 162 de 30 de abril de 2004, pág. 40).
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[6] En el fundamento jurídico nº 18 de la sentencia “Internetportal und Marketing GmbH” se subraya que «se desprende, sin embargo, de los autos que la demandante nunca tuvo la intención de utilizar dicha marca para cinturones de seguridad».
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[7] Vale la pena recordar que el término “Reifen” significa neumáticos en lengua alemana.
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[8] Presentadas en audiencia pública el 10 de febrero de 2010.
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[9] Véase el fundamento jurídico nº 36 de la sentencia “Internetportal und Marketing GmbH”.
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[10] Ibidem, fundamento jurídico nº 39 (en dicho fundamento jurídico se indica también que, «como alega la Comisión, se desprende claramente del informe final de la OMPI de 30 de abril de 1999 sobre el proceso relativo a los nombres de dominio en Internet, y en particular del apartado 2 de la recomendación nº 171 relativo al concepto de mala fe, que la lista de circunstancias constitutivas de mala fe que, por lo demás, se corresponde en gran parte con la lista que figura en el artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004, no es exhaustiva»).
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[11] Cabe recordar que, habida cuenta de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta y de las circunstancias del asunto principal, el TJ estimó que no procedía responder a las tres primeras cuestiones sobre las que tenía que pronunciarse (véase el fundamento jurídico nº 78 de la sentencia “Internetportal und Marketing GmbH”).
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[12] Véase, por analogía, el fundamento jurídico nº 37 de la sentencia “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, pendiente de publicación [véanse, sobre dicho fallo: GONZÁLEZ VAQUÉ, “¿Cómo apreciar la mala fe del solicitante de una marca tridimensional (conejos de chocolate) cuya finalidad es impedir que un competidor siga utilizando el signo en cuestión? La sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG" de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, Revista de Derecho Alimentario, nº 48, 2009, 22-25; y VIDRERAS PÉREZ, “La mala fe y ... los conejos de Pascua: las Conclusiones de la Abogado General Sharpston en el Asunto C-529/07”, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 21, 2009, 43-51 (consultar en: http://aibadaredeco.googlepages.com/mafOseb2.pdf )].
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[13] A saber, eliminación, reemplazamiento por un guión o transcripción en caracteres normales.

Novedad editorial: Health & "Nutrition Claims"

2010-12-10T08:03:00.000-08:00

● ANDREAS MEISTERERNST y BERND HABER, “Health & Nutrition Claims”. Lexxion Publisher, Berlín (2010) 433 págs.
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El Reglamento nº 1924/2006, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos es una normativa compleja cuya interpretación no resulta siempre fácil. Por ello, la obra que nos complace reseñar resulta muy útil puesto que contiene información y comentarios referentes a dicho Reglamento que permiten comprender mejor su alcance y posible impacto en el etiquetado de los productos alimenticios.
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En este contexto, destacan los capítulos dedicados al objeto y ámbito de aplicación de la citada normativa comunitaria, a las definiciones que se incluyen en ella, a los principios generales que consagra y a las condiciones para el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. La aportación de MEISTERERNST y HABER es también valiosa por lo que se refiere a temas tan polémicos como el fundamento científico de las declaraciones, las condiciones específicas que se aplican a las declaraciones de propiedades saludables, la posibilidad de referirse a las asociaciones médicas nacionales e instituciones de beneficencia relacionadas con la salud, las restricciones en el uso de determinadas propiedades saludables, la regulación de las declaraciones de propiedades saludables distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad, etc.
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Cabe subrayar que todas esas cuestiones son tratadas de forma eminentemente práctica por dos expertos con una amplia experiencia en el ejercicio de la abogacía y en los aspectos más técnicos del sector alimentario.
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Véase: http://www.lexxion.de/verlagsprogramm-shop/food-law.html
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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, 69-71

2010-11-28T10:58:00.000-08:00

- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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Etiquetado del chocolate (Italia): sentencia del TJ “Comisión/Italia” de 25 de noviembre de 2010, asunto C-47/09[1]
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Este fallo se refiere al recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea solicitando al TJ que declarase que la Italia había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, del artículo 3.5 de la Directiva 2000/36/CE relativa a los productos de cacao y de chocolate[2] y, por otra parte, del artículo 3 de dicha Directiva en relación con el artículo 2.1(a) de la Directiva 2000/13/CE en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios[3] al establecer la posibilidad de completar con el adjetivo «puro» o con la mención «chocolate puro» el etiquetado de los productos de chocolate que no contienen materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao[4].
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En este caso el TJ (Sala Primera) decidió:
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«1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2000/36/CE […] relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana y, por otra parte, del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/13/CE […] en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, al establecer la posibilidad de completar con el adjetivo puro la denominación de venta de los productos de chocolate que no contengan materias grasas distintas de la manteca de cacao.
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2) Condenar en costas a la República Italiana.»
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El TJ tomó dicha decisión teniendo en cuenta inter alia:
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- que el artículo de la Directiva 2000/36/CE prohíbe a los Estados miembros adoptar, para los productos que figuran en el anexo I, disposiciones nacionales no previstas por la propia normativa comunitaria (según el TJ, «de ello se deriva que el artículo 3 de dicha Directiva llevó a cabo una armonización total de las denominaciones de venta de los productos de chocolate, cuyo carácter imperativo nunca ha cuestionado la República Italiana»[5]);
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- que la Directiva 2000/36/CE no prevé ni la denominación de venta «chocolate puro» ni la introducción de dicha denominación por parte de un legislador nacional;
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- que el TJ ya determinó que la adición de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao a productos de cacao y de chocolate que se ajusten a los contenidos mínimos exigidos por la Directiva 73/241/CEE no puede tener el efecto de modificar sustancialmente la naturaleza de tales productos, hasta el punto de convertirlos en productos diferentes[6]; y
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- que para garantizar la correcta información de los consumidores, es suficiente con incluir en el etiquetado una mención neutra y objetiva que informe a aquellos de que el producto no contiene materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao[7].
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[Nota redactada por el Gabinete de información y documentación del CEEUDECO]

Notas:
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[1] Pendiente de publicación.
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[2] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana (DO nº L 197 de 3 de agosto de 2000, pág. 19).
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[3] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO nº L 109 de 6 de mayo de 2000, pág. 29).
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[4] Véanse, sobre este tema: "La introducción del cioccolato puro a la italiana: ¿una nueva guerrilla del chocolate?", Revista de Derecho Alimentario, nº 11, 2006, 16-23; y DE GIOVANNI, “La questione del cioccolato puro”, Alimenta, nº 1, 2006, 7-9.
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[5] Véase el fundamento jurídico nº 29 de la sentencia “Comisión/Italia” de 25 de noviembre de 2010.
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[6] Véanse los siguientes fundamentos jurídicos: nº 92 de la sentencia “Comisión/España” de 16 de enero de 2003, asunto C-12/00, RJTJ pág. I-459; y nº 87 de la sentencia “Comisión/Italia” de la misma fecha, asunto C-14/00, RJTJ pág. I-513 (véase, sobre estos fallos: BOURGES, "España e Italia condenadas por obstaculizar la libre circulación de mercancías: ¿un final feliz para la guerra del chocolate?”, Gaceta Jurídica de la CE, nº 224, 2003, 115-128).
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[7] Véanse en este sentido los siguientes fundamentos jurídicos: nº 93 de la sentencia “Comisión/España” de 16 de enero de 2003 citada en la nota anterior; y nº 88 de la sentencia “Comisión/Italia” de la misma fecha citada también en la nota anterior.
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[para consultar la Revista Redeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]
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ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, 53-68

2010-11-27T11:03:00.000-08:00

- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Libre circulación de cervezas – protección de datos: sentencia del Tribunal de Justicia[1] (TJ) “Comisión/Bavarian Lager” de 29 de junio de 2010, asunto C-28/08 P[2]
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1. Introducción: no hay mal que por bien no venga
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Probablemente, la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”, dictada por el TJ el 29 de junio de 2010, pondrá punto final a uno de los procedimientos más largos, y en nuestra opinión inútiles, a los que ha tenido que enfrentarse el TJUE[3]. Dicho procedimiento tuvo su origen en una reunión celebrada el 11 de octubre de 1996 entre representantes de la Dirección General (DG) Mercado Interior y Servicios Financieros de la Comisión Europea, del Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido y de la Confédération des brasseurs du marché commun, en la que tuvimos ocasión de participar[4].
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Disfrutando desde hace unos meses de los placeres de la jubilación, nos parece que podemos analizar la citada sentencia del TJ con ecuanimidad y ponderación. En este sentido, hemos de reconocer que la obstinación, o perseverancia, según se mire, de los propietarios de The Bavarian Lager Co. Ltd, con domicilio social en Clitheroe (Reino Unido), por obtener unos datos que carecen de importancia y son de escaso interés ha tenido por efecto positivo que dispongamos, gracias al fallo objeto del presente artículo, de una interesante jurisprudencia sobre el alcance de la protección de los datos personales en el marco del acceso a los documentos de las instituciones de la Unión Europea (UE) [5].
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2. La sentencia “Comisión/Bavarian Lager”[6]
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2.1 Antecedentes de hecho
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Los antecedentes de hecho del litigio en cuestión se exponen del siguiente modo en los fundamentos jurídicos nºs 15 a 28 y 34 a 37 de la sentencia “Bavarian Lager/Comisión II” del Tribunal de Primera Instancia[7] (en lo sucesivo, “sentencia recurrida”):
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«15. [The Bavarian Lager Co. Ltd] fue constituida el 28 de mayo de 1992 para la importación de cerveza alemana destinada principalmente a los establecimientos de despacho de bebidas alcohólicas del Reino Unido situados en el norte de Inglaterra.
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16. Sin embargo, [The Bavarian Lager Co. Ltd] no logró vender su producto, ya que gran número de titulares de establecimientos de despacho de bebidas alcohólicas del Reino Unido se encontraban vinculados por contratos de compra en exclusiva, que les obligaban a adquirir la cerveza a determinadas empresas cerveceras.
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17. En virtud del Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989 SI 1989/2390 (Reglamento del Reino Unido relativo al suministro de cerveza), las empresas cerveceras del Reino Unido que posean más de 2.000 pubs están obligadas a permitir que los titulares de sus establecimientos compren una cerveza procedente de otra empresa cervecera, a condición de que se trate de cerveza envasada en barril y con una graduación alcohólica superior al 1,2 % vol., según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento. Esta disposición se conoce comúnmente como Guest Beer Provision (en lo sucesivo, “GBP”).
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18. Ahora bien, la mayoría de las cervezas fabricadas fuera del Reino Unido no pueden considerarse cerveza envasada en barril, a efectos de la GBP, ni están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición.
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19. Al considerar que la GBP constituía una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación y, por tanto, incompatible con el artículo 30 del Tratado CE [...], [The Bavarian Lager Co. Ltd] presentó una denuncia ante la Comisión mediante escrito de 3 de abril de 1993, registrado con la referencia P/93/4490/UK.
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20. Tras efectuar la correspondiente investigación, la Comisión decidió, el 12 de abril de 1995, incoar el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE […] contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El 28 de septiembre de 1995, dicha institución informó a [The Bavarian Lager Co. Ltd] de la existencia de esta investigación y del envío al Reino Unido de un escrito de requerimiento el 15 de septiembre de 1995. El 26 de junio de 1996, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado al Reino Unido y, el 5 de agosto de 1996, publicó un comunicado de prensa en el que informaba de esta decisión.
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21. El 11 de octubre de 1996, tuvo lugar una reunión (en lo sucesivo, “reunión de 11 de octubre de 1996” o “reunión”), en la que participaron representantes de la Dirección General (DG) Mercado Interior y Servicios Financieros de la Comisión, del Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido y representantes de la Confédération des brasseurs du marché commun (Confederación de Cerveceras del Mercado Común; en lo sucesivo, “CBMC”). [The Bavarian Lager Co. Ltd] había solicitado participar en la reunión [de 11 de octubre de 1996] mediante escrito de 27 de agosto de 1996, pero la Comisión se negó a acceder a su solicitud.
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22. El 15 de marzo de 1997, el Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido anunció un proyecto de modificación de la GBP con arreglo al cual la cerveza embotellada podría venderse como cerveza de distinta procedencia, igual que la cerveza envasada en barril. Después de que la Comisión suspendiera en dos ocasiones, el 19 de marzo de 1997 y el 26 de junio de 1997, su decisión de enviar un dictamen motivado al Reino Unido, el Jefe de la Unidad 2 Aplicación de los artículos 30 a 36 del Tratado CE (notificación, quejas, infracciones, etc.) y eliminación de las restricciones a los intercambios[8], de la Dirección B Libre Circulación de Mercancías y Contratos Públicos, de la DG Mercado Interior y Servicios Financieros informó a [The Bavarian Lager Co. Ltd], mediante escrito de 21 de abril de 1997, de que, habida cuenta del proyecto de modificación de la GBP, se había suspendido el procedimiento del artículo 169 del Tratado y el dictamen motivado no había sido notificado al Gobierno del Reino Unido. Indicaba que este procedimiento se daría por finalizado tan pronto como la GBP modificada entrara en vigor. La nueva versión de la GBP entró en vigor el 22 de agosto de 1997. Por consiguiente, el dictamen motivado nunca llegó a ser enviado al Reino Unido, y el 10 de diciembre de 1997 la Comisión decidió finalmente archivar el procedimiento por incumplimiento.
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23. Mediante fax enviado el 21 de marzo de 1997, [The Bavarian Lager Co. Ltd] solicitó al Director General de la DG Mercado Interior y Servicios Financieros una copia del dictamen motivado, con arreglo al Código de conducta [relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión[9]]. Esta solicitud fue rechazada, al igual que su reiteración.
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24. Mediante [Decisión] de 18 de septiembre de 1997 […], el Secretario General de la Comisión ratificó la denegación de la solicitud presentada al Director General de la DG Mercado Interior y Servicios Financieros”.
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25. [The Bavarian Lager Co. Ltd] interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra la Decisión de 18 de septiembre de 1997, que fue registrado con el número T-309/97. Mediante sentencia de 14 de octubre de 1999, “Bavarian Lager/Comisión”[10] el Tribunal de Primera Instancia desestimó este recurso al considerar que la defensa del objetivo en cuestión, a saber, permitir que el Estado miembro cumpliera voluntariamente las exigencias del Tratado o, en su caso, darle la oportunidad de justificar su posición hacía admisible que, en nombre de la protección del interés público, se denegase el acceso a un documento preparatorio relativo a la fase de investigación del procedimiento del artículo 169 del Tratado […].
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26. El 4 de mayo de 1998, [The Bavarian Lager Co. Ltd] remitió a la Comisión una solicitud de acceso a todos los documentos aportados al expediente P/93/4490/UK por once sociedades y organizaciones identificadas y por tres categorías definidas de personas o de empresas, conforme al Código de conducta [relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión]. La Comisión rechazó la solicitud inicial basándose en que [dicho] Código de conducta sólo se aplicaba a los documentos cuyo autor fuera la Comisión. La solicitud confirmativa fue denegada porque la Comisión no era la autora de los documentos en cuestión y toda solicitud debía dirigirse al autor.
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27. El 8 de julio de 1998, [The Bavarian Lager Co. Ltd] presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, registrada con la referencia 713/98/IJH, y precisó, mediante escrito de 2 de febrero de 1999, que pretendía obtener el nombre de los representantes de la CBMC que habían asistido a la reunión de 11 de octubre de 1996 y el de las sociedades y las personas incluidas en las catorce categorías identificadas por [The Bavarian Lager Co. Ltd] en su solicitud inicial de acceso a los documentos que habían realizado comentarios a la Comisión en el marco del expediente P/93/4490/UK.
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28. Tras un intercambio de escritos entre el Defensor del Pueblo y la Comisión, ésta le indicó en octubre y noviembre de 1999 que de los 45 escritos que había enviado a las personas afectadas pidiéndoles permiso para revelar su identidad a [The Bavarian Lager Co. Ltd], había recibido 20 respuestas, de las que 14 eran afirmativas y 6 negativas. La Comisión transmitió el nombre y la dirección de las personas que habían aceptado que se comunicase su nombre. [The Bavarian Lager Co. Ltd] indicó al Defensor del Pueblo que la información proporcionada por la Comisión seguía siendo incompleta.
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[…]
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34. Mediante correo electrónico de 5 de diciembre de 2003, [The Bavarian Lager Co. Ltd] solicitó a la Comisión el acceso a los documentos mencionados en el apartado 27 anterior sobre la base del Reglamento nº 1049/2001[11].
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35. La Comisión respondió a esta petición mediante escrito de 27 de enero de 2004, en el que afirmaba que determinados documentos relativos a la reunión [de 11 de octubre de 1996] podían ser divulgados, pero señalaba a [The Bavarian Lager Co. Ltd] que se habían ocultado cinco nombres en el acta de la reunión de 11 de octubre de 1996, ya que dos personas se habían opuesto expresamente a que se divulgase su identidad y la Comisión no había podido ponerse en contacto con las otras tres.
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36. Mediante correo electrónico de 9 de febrero de 2004, [The Bavarian Lager Co. Ltd] presentó una solicitud confirmatoria con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001 con objeto de obtener el acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996, que incluyese los nombres de todos los participantes.
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37. Mediante [Decisión de 18 de marzo de 2004] la Comisión desestimó la solicitud confirmatoria de [The Bavarian Lager Co. Ltd]. Confirmó que el Reglamento nº 45/2001[12] se aplicaba a la solicitud de divulgación del nombre de los demás participantes. Puesto que [The Bavarian Lager Co. Ltd] no había demostrado ningún objetivo expreso y legítimo, ni la necesidad de tal divulgación, no se cumplían los requisitos del artículo 8 de dicho Reglamento y debía aplicarse la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001. La Comisión añadió que, incluso aunque no se aplicasen las normas sobre protección de datos personales, podía, no obstante, negarse a divulgar los demás nombres en virtud del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001 para no poner en peligro su capacidad de realizar investigaciones.»
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2.2 Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia: la sentencia recurrida
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Los argumentos del Tribunal de Primera Instancia para anular mediante la sentencia recurrida la Decisión de la Comisión de 18 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, “Decisión controvertida”) por la que se desestimaba una solicitud presentada por The Bavarian Lager Co. Ltd con objeto de obtener el acceso al acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996[13], pueden resumirse del siguiente tenor:
:
- sobre el acceso al acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la solicitud de The Bavarian Lager Co. Ltd se fundamentaba en el Reglamento nº 1049/2001 (el citado Tribunal, a la vez que recordó que, según el artículo 6.1 de dicho Reglamento, el que solicita el acceso no está obligado a justificar su solicitud y, por ello, no tiene que demostrar interés alguno en acceder a los documentos solicitados, examinó la excepción de la comunicación prevista en el artículo 4.1(b) de la misma normativa comunitaria para el caso de que la divulgación de ese documento implicara un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona);
;
- el Tribunal de Primera Instancia examinó también la articulación[14] entre los Reglamentos nº 45/2001 y nº 1049/2001 (el citado Tribunal, además de señalar que el décimo quinto considerando del Reglamento nº 45/2001 indica que el acceso a los documentos, incluidos los que contienen datos personales, estaba sujeto a lo previsto en el artículo 255 CE, afirmó que, según el undécimo considerando del Reglamento nº 1049/2001, las instituciones deben tener en cuenta, al evaluar la aplicabilidad de una excepción, los principios consagrados por la legislación de la UE relativos a la protección de los datos personales en todos los ámbitos de actividad de la Unión y, por lo tanto, también los principios consagrados en el Reglamento nº 45/2001);
;
- remitiéndose a las definiciones de datos personales y de tratamiento de datos personales que figuran en los artículos 2(a) y 2(b) del Reglamento nº 45/2001, el Tribunal de Primera Instancia dedujo que la comunicación de datos por transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición entra en la definición de tratamiento y, en consecuencia, que el propio Reglamento nº 45/2001 prevé, al margen del Reglamento nº 1049/2001, la posibilidad de hacer públicos algunos datos personales;
;
- el Tribunal de Primera Instancia señaló igualmente que los artículos 5(a) o 5(b), del Reglamento nº 45/200, establecen que el tratamiento de datos personales debe ser lícito y necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento;
;
- al pronunciarse sobre la prueba de la necesidad de la transmisión, establecida en el artículo 8(b) del Reglamento nº 45/2001 y sobre el derecho de oposición de la persona afectada, previsto en su artículo 18 de dicho Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia declaró: «… que el acceso a los documentos que contienen datos personales entra en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1049/2001, y que, según el artículo 6, apartado 1, de éste, el que solicita acceso no está obligado a justificar su solicitud y no tiene, por ello, que demostrar interés alguno en tener acceso a los documentos solicitados…»[15]; y
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- «por último, el Tribunal [de Primera Instancia] consideró que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 debía interpretarse de manera restrictiva y sólo afectaba a los datos personales que pueden, de forma concreta y efectiva, suponer un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona»[16].
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Teniendo en cuenta estos argumentos, el Tribunal de Primera Instancia concluyó de modo general que la Comisión había incurrido en un error de Derecho en la Decisión controvertida al declarar que The Bavarian Lager Co. Ltd no había demostrado un objetivo expreso y legítimo ni la necesidad de obtener el nombre de cinco personas que participaron en la reunión de 11 de octubre de 1996 y que, tras dicha reunión, se opusieron a que su identidad fuera comunicada a la solicitante.
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2.3 Procedimiento ante el TJ: el recurso de casación
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Mediante el recurso de casación sobre el que el TJ tuvo que pronunciarse, la Comisión solicitó que se anulara la sentencia “Bavarian Lager/Comisión II” dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 8 de noviembre de 2007 (es decir, la sentencia recurrida[17]), por la se anuló la Decisión controvertida.
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En apoyo de su recurso, la Comisión invocó tres motivos, a saber:
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– que el Tribunal de Primera Instancia, al declarar que en el caso de autos no era aplicable el artículo 8(b) del Reglamento nº 45/2001 interpretó y aplicó erróneamente el artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001;
;
– que dicho Tribunal, al realizar una interpretación restrictiva de la condición prevista en el artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001 cometió un error de Derecho excluyendo de su ámbito de aplicación la legislación de la UE relativa a la protección de datos personales contenidos en un documento; y
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– que, en cuanto a la interpretación del tercer guión del artículo 4.2 del citado Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia erró al limitar la protección de la confidencialidad de las investigaciones sólo a los denunciantes y al exigir, para el mantenimiento de dicha confidencialidad, que la investigación siguiera en curso.
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2.4 Las Conclusiones de la Abogado General ELEANOR SHARPSTON
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La Abogado General SHARPSTON, en sus Conclusiones presentadas en audiencia pública el 15 de octubre de 2009, propuso al TJ:
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«1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de noviembre de 2007, dictada en el asunto T-194/04, Bavarian Lager/Comisión.
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2) Condenar a la Comisión Europea a pagar las costas ocasionadas a Bavarian Lager en casación y ante el Tribunal de Primera Instancia.
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3) El Supervisor Europeo de Protección de Datos soportará sus propias costas.
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4) El Reino de Dinamarca, la República de Finlandia, el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, el Reino de Suecia y el Consejo cargarán respectivamente con sus costas.»
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2.5 Fallo
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No obstante, el TJ (Gran Sala) decidió:
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«1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de noviembre de 2007, Bavarian Lager/Comisión (T-194/04), en la medida en que anula la Decisión de la Comisión de 18 de marzo de 2004, por la que se deniega una solicitud de acceso al acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996, que contiene todos los nombres, y en la medida en que condena a la Comisión Europea a cargar con las costas de The Bavarian Lager Co. Ltd.
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2) Desestimar el recurso de The Bavarian Lager Co. Ltd contra la Decisión de la Comisión de 18 de marzo de 2004, por la que se deniega una solicitud de acceso al acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996, que contiene todos los nombres.
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3) Condenar a The Bavarian Lager Co. Ltd a cargar con las costas en que incurrió la Comisión Europea tanto en el procedimiento de casación como en el de primera instancia.
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4) El Reino de Dinamarca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Consejo de la Unión Europea y el Supervisor Europeo de Protección de Datos cargarán con sus propias costas.»
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2.6 Comentarios
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2.6.1 Sobre la excepción prevista en el artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001
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El TJ, tras señalar que el Tribunal de Primera Instancia había dedicado una parte importante de su razonamiento a analizar la articulación entre los Reglamentos nº 45/2001 y nº 1049/2001, declaró que dicho Tribunal había decidido acertadamente que, a la hora de examinar la relación existente entre los citados Reglamentos con vistas a la aplicación en el caso de autos de la excepción prevista en el artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001, era necesario tener presente que las normativas comunitarias tienen objetivos distintos:
:
- el primero pretende garantizar la mayor transparencia posible en el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas y en la información en la que basan sus decisiones, y, en consecuencia, tiene por finalidad facilitar al máximo el ejercicio del derecho de acceso a los documentos y promover buenas prácticas administrativas; mientras que
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- el segundo tiene por objetivo garantizar la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular, del derecho a la intimidad en el tratamiento de los datos personales.
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Por lo que se refiere al Reglamento nº 45/200, el TJ precisó que:
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- del segundo considerando de dicho Reglamento se desprende que el legislador quiso establecer un sistema de protección completo y consideró necesario, según el tenor del duodécimo considerando, «garantizar […] en toda la Comunidad una aplicación coherente y homogénea de las normas de protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales»;
;
- de acuerdo también con el duodécimo considerando, los derechos conferidos a las personas afectadas para protegerlas frente al tratamiento de datos personales constituyen normas de protección de las libertades y Derechos fundamentales; y
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- en virtud de los considerandos séptimo y décimo cuarto «…se trata de disposiciones vinculantes, que se aplican a todo tratamiento de datos personales efectuado por las instituciones y los organismos comunitarios y en cualquier contexto»[18].
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Sobre el Reglamento nº 1049/2001, subrayó que:
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- tal como se desprende de su primer considerando, se inscribe en la voluntad expresada en el párrafo segundo del artículo 1 UE de constituir una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible; y
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- según el segundo considerando de dicho Reglamento, esa apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático.
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El TJ recordó también que el Reglamento nº 1049/2001 establece como regla general el acceso del público a los documentos de las instituciones, pero prevé excepciones por razón de determinados intereses públicos y privados: en particular, en el undécimo considerando de dicho Reglamento se declara que, «al evaluar las excepciones, las instituciones deben tener en cuenta los principios vigentes en la legislación comunitaria relativos a la protección de los datos personales, en todos los ámbitos de actividad de la Unión».
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El TJ mencionó a continuación a que los Reglamentos nº 45/2001 y nº 1049/2001 fueron adoptados en fechas muy próximas y no contienen ninguna disposición que establezca expresamente la primacía de uno de ellos sobre el otro: por ello, «… en principio, es preciso garantizar su plena aplicación»[19]. Precisó, además, que el único vínculo explícito entre las dos normativas en cuestión se establece en el artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001, que prevé una excepción al acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación de la UE sobre la protección de los datos personales.
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Refiriéndose a los fundamentos jurídicos nºs 111 a 120 de la sentencia recurrida, el TJ recordó que el Tribunal de Primera Instancia había limitado la aplicación de la excepción prevista en dicha disposición a las situaciones en que se vulneraba la intimidad o la integridad de la persona en el sentido del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[20] (en lo sucesivo, “CEDH”) y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la legislación de la UE sobre la protección de datos personales, en particular el Reglamento nº 45/2001. El TJ observó también «… que, al actuar de ese modo, el Tribunal [de Primera Instancia] ignora el tenor del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, que es una disposición indivisible[21] y exige que el posible perjuicio a la intimidad y a la integridad de la persona se examine y aprecie de conformidad con la legislación de la Unión sobre la protección de datos personales y, en particular, con el Reglamento nº 45/2001»[22].
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Según el TJ, el artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001 establece un régimen específico y reforzado de protección de la persona cuyos datos personales pudieran, en su caso, divulgarse. Por otro lado, el objeto del Reglamento nº 45/2001 es, en virtud de su artículo 1.1, garantizar «la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales». Se trata de una disposición que no permite separar los casos de tratamiento de datos personales en dos categorías, a saber:
:
- una categoría en la que ese tratamiento sería examinado únicamente sobre la base del artículo 8 del CEDH y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este artículo; y
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- otra categoría en la que dicho tratamiento estaría sujeto a la dispuesto por el Reglamento nº 45/2001.
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Asimismo, el TJ confirmó que de la primera frase del décimo quinto considerando del Reglamento nº 45/2001 se desprende que el legislador de la UE se refiere a la necesidad de aplicar el artículo 6 UE y, a través de él, del artículo 8 del CEDH, «cuando las instituciones y los organismos comunitarios efectúen dicho tratamiento para el ejercicio de actividades que no pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Reglamento, y en especial de las previstas en los Títulos V y VI del Tratado [UE, en su versión anterior al Tratado de Lisboa]». En cambio, tal remisión no resulta necesaria cuando el tratamiento se efectúe en el ejercicio de actividades que pertenecen al ámbito de aplicación de dicho Reglamento, ya que, en tales casos, es evidente que se aplica el propio Reglamento nº 45/2001.
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De ello el TJ dedujo que, cuando una solicitud para la obtención de documentos que contienen datos personales se basa en el Reglamento nº 1049/2001, el Reglamento nº 45/2001 es aplicable en su totalidad, incluidos sus artículos 8 y 18. Por lo tanto, concluyó:
:
«Al no tener en cuenta la remisión del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 a la legislación de la Unión sobre la protección de datos personales y, con ello, al Reglamento nº 45/2001, el Tribunal [de primera Instancia] excluyó de entrada, en el apartado 107 de la sentencia recurrida, la aplicación del artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001 y, en el apartado 109 de esa sentencia, la aplicación del artículo 18 de este último Reglamento. Dichos artículos constituyen normas básicas del régimen de protección establecido por el Reglamento nº 45/2001[23].» [24]
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En consecuencia, el TJ declaró que la interpretación particular y limitativa dada por el Tribunal de Primera Instancia al artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001 no respondía al equilibrio que el legislador de la UE quería establecer entre los dos Reglamentos de los que se trata.
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En este contexto, el TJ insistió en que de los autos y, en particular, de la Decisión controvertida se desprendía que, a raíz de las solicitudes de The Bavarian Lager Co. Ltd de 4 de mayo de 1998, de 5 de diciembre de 2003 y de 9 de febrero de 2004, la Comisión envió a ésta un documento que contenía las actas de la reunión de 11 de octubre de 1996, expurgado de cinco nombres (de esos cinco nombres, la Comisión no había podido contactar con tres personas para que otorgaran su consentimiento y las dos restantes se opusieron expresamente a que se divulgase su identidad). El TJ recordó que, para denegar el acceso pleno a dicho documento, la Comisión se había basado en el tantas veces citado artículo 4.1(b) del Reglamento nº 1049/2001 y en el artículo 8 del Reglamento nº 45/2001 y afirmó que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia había declarado acertadamente:
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- que los nombres y apellidos pueden considerarse datos personales [véase la correspondiente definición en el artículo 2(a) del Reglamento nº 45/2001]; y
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- que la comunicación de tales datos entra en la definición de tratamiento de datos personales [véase dicha definición en el artículo 2(b)].
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Por consiguiente, según el TJ, «… el Tribunal [de Primera Instancia] concluyó acertadamente […] que el listado de los participantes en la reunión de 11 de octubre de 1996 que figura en el acta de dicha reunión contiene datos personales, en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento nº 45/2001, ya que las personas que pudieron participar en esa reunión pueden ser identificadas».
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2.6.2 Sobre cuestión de si la Comisión podía conceder el acceso al documento que contenía los nombres de cinco participantes en la reunión de 11 de octubre de 1996
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Por lo que se refiere a este tema, el TJ recordó en primer lugar que The Bavarian Lager Co. Ltd pudo acceder a todas las informaciones relativas a la reunión de 11 de octubre de 1996, incluidas las opiniones expresadas por los intervinientes a título profesional. Por otro lado, tras referirse a la respuesta dada por la Comisión a los dos solicitudes de The Bavarian Lager Co. Ltd para recibir el acta completa de la reunión de 11 de octubre de 1996, el TJ declaró que «tanto según el régimen anterior de la Directiva [95/46/CE][25] como según los Reglamentos nº 45/2001 y nº 1049/2001, la Comisión actuó legítimamente al verificar si las personas afectadas habían otorgado su consentimiento para la difusión de los datos personales que les conciernen[26] »[27]. En efecto, al difundir la versión del documento controvertido expurgada de los cinco nombres de participantes en la reunión de 11 de octubre de 1996, la Comisión no infringió lo dispuesto por el Reglamento nº 1049/2001 y cumplió suficientemente su obligación de transparencia. El TJ añadió que, al exigir que, para las cinco personas que no otorgaron su consentimiento expreso, The Bavarian Lager Co. Ltd demostrara la necesidad de transmitir esos datos personales, la Comisión cumplió lo establecido en el artículo 8(b) del Reglamento nº 45/2001. En este sentido, precisó que «al no haber presentado [The] Bavarian Lager [Co. Ltd] ninguna justificación expresa y legítima ni ningún argumento convincente para demostrar la necesidad de la transmisión de dichos datos personales[28], la Comisión no pudo ponderar los distintos intereses de las partes implicadas»[29]. Además, «tampoco podía verificar si no existían motivos para suponer que esa transmisión podría perjudicar los intereses legítimos de los interesados, como establece el artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001»[30].
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2.6.3 Sobre las consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida
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Basándose en el artículo 61.1 del Estatuto del Tribunal de Justicia (que prevé que éste podrá, en caso de anulación de una resolución del Tribunal General, resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita) y, tras confirmar que la Decisión controvertida no infringió los Reglamentos nº 45/2001 y nº 1049/2001, el TJ declaró que, «en consecuencia, debe desestimarse el recurso de [The] Bavarian Lager [Co. Ltd] contra dicha Decisión»[31].
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3. Conclusión
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No cabe la menor duda que la nueva orientación jurisprudencial que inspira el fallo objeto del presente artículo será analizada de forma más pormenorizada por la doctrina.
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Resulta discutible, por ejemplo, la cuestión de si el TJ se ha apartado, y por qué razón lo ha hecho, de la jurisprudencia consagrada en la sentencia “Österreichischer Rundfunk y otros” [32], en especial por lo que se refiere a que la legislación europea sobre protección de datos personales debía interpretarse a la luz del artículo 8 del CEDH y a que, en la práctica, en el citado fallo se había limitado la aplicación de la legislación en cuestión a los casos en los que el tratamiento de datos personales infringía el derecho al respeto a la vida privada (cabe recordar, de todos modos, que la sentencia “Österreichischer Rundfunk y otros”, dictada en 2003, tenía por objeto hechos ocurridos en 1998 y 1999, por lo que la normativa comunitaria aplicable era, en principio, la Directiva 95/46/CE).
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También necesitará un examen más detallado (que no podemos llevar a cabo en esta ocasión, brevitatis causae) la opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que solicitó al TJ que desestimara el recurso de casación de la Comisión en su totalidad[33], en particular en relación con la necesidad de revisar la legislación de la UE relativa acceso a los documentos de las instituciones europeas. Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, la postura del Supervisor parece haber cambiado de forma notable antes y después del pronunciamiento del TJ mediante la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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¡Tiempo al tiempo!
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Notas:
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[1] El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 por los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Dicho Tratado introduce modificaciones en cuanto a la organización y las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), compuesto ahora por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública.
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[2] Versión corregida y aumentada del artículo de LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, titulado “El TJUE precisa el alcance de la protección de los datos personales en el marco del acceso a los documentos de las instituciones de la UE: la sentencia Comisión/Bavarian Lager”, que se publicó en: Gaceta Jurídica de la UE, nº 18, 2010, 9-18.
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[3] Véase la nota 1.
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[4] El autor del presente artículo presidió dicha reunión en su calidad de Jefe de la Unidad “Aplicación de los artículos 30 a 36 del Tratado CE (notificación, quejas, infracciones, etc.) y eliminación de las restricciones a los intercambios” de la Dirección B (“Libre Circulación de Mercancías y Contratos Públicos”) de la Comisión Europea (véanse los siguientes fundamentos jurídicos: nº 15 de la sentencia “Bavarian Lager/Comisión I” de 14 de octubre de 1999, asunto T-309/97, RJTJ, pág. II-3217; y nº 22 de la sentencia “Bavarian Lager/Comisión II” de 8 de noviembre de 2007, asunto T-194/04, RJTJ pág. II-4523).
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[5] Vale la pena mencionar que, el mismo día 29 de junio de 2010, el TJ dictó la sentencia “Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau” (asunto C-139/07 P, pendiente de publicación) relativa también al acceso a los documentos de las instituciones de la UE, en la que se abordan inter alia los siguientes temas: acceso a documentos referentes a los procedimientos de control de las ayudas de Estado, la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación y la obligación de la institución interesada de efectuar un examen concreto e individual del contenido de los documentos a que se refiere la solicitud de acceso.
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[6] Pendiente de publicación.
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[7] Citada en la nota 4 (véanse, sobre este fallo: “Sentencia Bavarian Lager vs. Comisión Europea, del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas”, Revista española de protección de datos, nº 3, 2007, 321-358; MUGUET-POULLENNEC, “Protection de la vie privée, données nominatives et transparence”, Revue Lamy de la Concurrence, nº 15, 2008, 78-80; y SIMON, “Accès à des données nominatives et respect de la confidentialité et de la vie privée”, Europe, nº 3, 2008, 12-13).
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[8] Véase la nota 4.
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[9] DO nº L 340 de 31 de diciembre de 1993, pág. 41.
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[10] Se trata de la sentencia “Bavarian Lager/Comisión I”, a la que se hace referencia en la nota 4.
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[11] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO nº L 145 de 31 de mayo de 2001, pág. 43). Véanse, sobre este Reglamento: NIETO-GUERRERO LOZANO, “Luces y sombras del derecho de acceso a los documentos de las instituciones comunitarias”, Gaceta Jurídica de la UE, nº 218, 2002, 81-102; RIZZO, “Il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la nuova politica comunitaria della trasparenza”, La Comunità internazionale, Vol. 57, nº 1, 2002, 87-100; y SCHAUSS, “L’accès du citoyen aux documents des institutions communautaires”, Journal des tribunaux, Vol. 11, nº 95, 2003, 1-8.
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[12] Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO nº L 8 de 12 de enero de 2001, pág. 1). Véase, sobre este Reglamento: FÉRAL, “Un pas supplémentaire vers la reconnaissance et la protection d’un droit fondamental dans l’Union européenne: le Règlement (CE) n° 45/2001”, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, nº 450, 2001, 475-485.
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[13] Véase el fundamento jurídico nº 21 de la sentencia recurrida.
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[14] Sic en el fundamento jurídico nº 22 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[15] Véase el fundamento jurídico nº 107 de la sentencia recurrida.
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[16] Véase el fundamento jurídico nº 26 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[17] Véanse las notas 4 y 7.
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[18] Véase el fundamento jurídico nº 52 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[19] Ibidem, fundamento jurídico nº 59.
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[20] Firmado en Roma el 4 de noviembre.
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[21] La cursiva es nuestra.
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[22] Véase el fundamento jurídico nº 59 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[23] La cursiva es nuestra.
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[24] Véase el fundamento jurídico nº 64 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[25] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO nº L 281 de 23 de noviembre de 1995, pág. 31).
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[26] La cursiva es nuestra.
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[27] Véase el fundamento jurídico nº 75 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[28] La cursiva es nuestra.
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[29] Véase el fundamento jurídico nº 78 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[30] Ibidem.
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[31] Véase el fundamento jurídico nº 85 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.
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[32] De de 20 de mayo de 2003, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, RJTJ pág. I-4989 (véase sobre este fallo: DE MIGUEL ASENSIO, “Avances en la interpretación de la normativa comunitaria sobre protección de datos personales”, Diario La Ley, nº 5964, 2004, 1-8).
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[33] Véase el fundamento jurídico nº 34 de la sentencia “Comisión/Bavarian Lager”.

[para consultar la Revista Redeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 25, 41-48

2010-11-13T02:48:00.000-08:00

En plena Guerra de las marcas blancas Carrefour pierde una batalla (anuncios que desmerecen el servicio que la publicidad rinde al mercado).
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ERNESTINA FERNÁNDEZ MARILGERA[1]
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1. Introducción
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La labor que lleva a cabo la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“Autocontrol”) es digna de encomio. Ante la inoperancia de las autoridades públicas españolas (Gobierno central y Comunidades autónomas) a la hora de controlar y sancionar la publicidad engañosa, Autocontrol contribuye de forma notable a la protección de los consumidores, que son los que más se benefician de la autorregulación, instrumento eficaz y ágil para garantizar una publicidad responsable. Por supuesto, los empresarios también están interesados en que la publicidad se desarrolle correctamente puesto que, de este modo, disminuyen los actos de competencia desleal.
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Autocontrol ha instaurado un sistema gratuito de reclamaciones, que resuelve un jurado formado por expertos independientes de forma rápida y efectiva. Por su rigor y eficacia las resoluciones del citado jurado constituyen una referencia responsable y fiable en el sector publicitario.
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Ello no significa que el Jurado de Autocontrol sea infalible, ni que no podamos comentar libremente sus resoluciones, subrayando, en su caso, lo que, en nuestra opinión, no sea atinado o hubiera debido matizarse...
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Por ello nos ocuparemos a continuación de la Resolución de 1 de julio de 2010 de la Sección Quinta de dicho Jurado por la que se estima la reclamación presentada por Promarca (Asociación Española de Empresas de Productos de Marca) contra Centros Comerciales Carrefour, S.A.
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2. La Resolución de 1 de julio de 2010 del Jurado de Autocontrol: “Promarca/Centros Comerciales Carrefour S.A.”
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2.1 La campaña publicitaria de los productos “Carrefour Discount”
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El objeto de la reclamación de PROMARCA era una campaña publicitaria difundida en televisión para promocionar los productos “Carrefour Discount”.
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Uno de los anuncios se refería al aceite “Carrefour Discount”.
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Una señora que cogía una botella de aceite preguntaba a un empleado de Carrefour: «Perdona, ¿este aceite transmite en el diseño de su etiqueta el perfecto equilibrio entre tradición y modernidad?».

Durante dicha locución, se podía ver a una joven vestida de blanco, con una flor en el pelo, una pañoleta de color rojo sobre los hombros y una mantilla roja que portaba una cesta con aceitunas, seguida de la imagen de una botella de aceite y una cesta vertiendo aceitunas.
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Empleado de Carrefour: «Creo que no».
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Señora: «¿Lo recomienda algún cocinero famoso?». Mientras hablaba, aparecía la imagen de un cocinero, preparando un plato con aceite. Empleado de Carrefour: «Mmmmm…. No». Señora: «¿Y se ve a cámara lenta cuando lo usa?». Se veía un aceite vertiéndose a cámara lenta sobre una ensalada de tomates.
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Empleado: «Me parece que no. Este es sólo aceite de oliva 100% español». Señora: «Perfecto es justo lo que buscaba». La cliente introducía la botella de aceite “Carrefour” en el carro de la compra. Finalmente aparecía una cartela blanca sobre la que se veía la botella de aceite promocionada junto con la indicación:
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“Carrefour Discount. 2,25€”. Locución en off: «Si lo que quieres es aceite de oliva, ahora tienes aceite de oliva “Carrefour Discount” a 2,25€. El precio más bajo con la garantía Carrefour».
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Los restantes anuncios seguían la misma estructura y desarrollo argumental. El segundo de ellos promocionaba una pasta de “Carrefour Discount”. Señora: «Perdone, ¿éstos son finos palillos de pasta pincelados al huevo que con solo cocinarlos me transportarán a mí y a toda mi familia a la Toscana? ¿Qué hacen que entre el sol por la ventana y de una luz cálida a la estancia como en las típicas cocinas italianas?». Durante esta locución, se veían unos espaguetis introduciéndose de forma giratoria en una olla. Se mostraba una cocina sombría por cuyas ventanas entraban rayos de sol. Primer plano de un plato de espaguetis con tomate y albahaca. Empleado de Carrefour: «¿A ver? No, creo que no. Estos son espagueti, solamente espagueti». Señora: «Perfecto, es lo que buscaba». Locución en off: «Si lo que quieres son espagueti, ahora tienes el paquete de espagueti “Carrefour Discount” a 0,39€. El precio más bajo con la garantía Carrefour». El tercero de los anuncios controvertidos promociona el mismo producto, pero sitúa la localización en Sicilia y no en la Toscana.
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El cuarto de los anuncios reclamados se refería a las galletas “Carrefour Discount”.
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Señora: «¿Estas galletas me hacen levantar radiante por la mañana, saltar en la cama, correr con mi perro que no tengo y desayunar todos los días con mi familia de buen humor y sin legañas?». Imagen de una mujer en la ventana, saltando en la cama con su hija, corriendo por el jardín con su familia y su perro, y desayunando con toda su familia. Señora: «¿Y con sólo comerlas seré una mujer exitosa muy atareada pero siempre hermosa?». Empleado de Carrefour: «No sé. Esto sólo son galletas. Galletas para el desayuno». Señora: «Genial, es lo que quería.». Locución en off: «Si lo que quieres son galletas, ahora tienes el paquete de galletas “Carrefour Discount” a 0,55€. El precio más bajo con la garantía Carrefour».

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2.2 Las alegaciones de PROMARCA
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PROMARCA consideraba que la publicidad de CARREFOUR constituía un supuesto de publicidad denigratoria y de comparación ilícita, contraria a las normas 21, 22 y 1 del Código de Conducta Publicitaria.
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En primer lugar, PROMARCA alegó que la campaña publicitaria en cuestión infringía la norma 21 de dicho Código por ser implícitamente denigratoria para la imagen de algunos productos de terceros. Así respecto del aceite, estimaba que se trataba de desacreditar las marcas “La Española” y “Carbonell”, caracterizadas por la imagen de una mujer, ataviada con un traje de color blanco, mantilla roja y flor en el pelo sentada en un olivar. En opinión de la reclamante la utilización de dicha imagen en la campaña de CARREFOUR menospreciaba los mencionados aceites. Por otro lado, afirmaba que con la alusión a un cocinero famoso, se denigraba al aceite “Borges” recomendado por el cocinero Ferrán Adriá. En este sentido, concluía que la publicidad de CARREFOUR aludía a argumentos utilizados por otras marcas de aceite con el fin de ridiculizar la imagen que transmiten dichas marcas.
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Respecto del anuncio de pasta, PROMARCA alegó que se desacreditaba la marca “Buitoni”, la cual se caracterizaba por utilizar en su última campaña la región de “La Toscana” como argumento central de la misma.
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En segundo lugar, la reclamante sostenía que la publicidad reclamada infringía la norma 22 del Código de Conducta Publicitaria por cuanto realizaba una comparación ilícita.
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Además, según PROMARCA, la publicidad controvertida infringía lo dispuesto en la norma 1 del Código al existir una burla hacia la actividad publicitaria de otras empresas y los argumentos utilizados por éstas en su publicidad, así como hacia la publicidad testimonial de expertos.
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Por todo ello, PROMARCA solicitó al Jurado la declaración de ilicitud de la publicidad emitida, así como el cese de la misma.
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2.3 Los argumentos de CARREFOUR
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Obviamente, CARREFOUR discrepaba de los motivos a los que hemos hecho referencia en el anterior apartado. Dicha sociedad alegó que la publicidad de “Carrefour Discount” no aludía en modo alguno a competidores concretos por lo que no podía existir ni denigración ni publicidad comparativa.
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En primer lugar, respecto de la infracción de la norma 21 del Código de Conducta Publicitaria, CARREFOUR sostenía que en ningún caso podía considerarse que los anuncios reclamados supusieran un descrédito de las marcas referidas por la reclamante. Según CARREFOUR, las referencias en los anuncios de aceite y pastas de “Carrefour Discount” a una mujer con olivas o en un olivar, a un cocinero recomendando el producto o a determinadas regiones italianas no podían considerarse alusión a marcas concretas.
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En segundo lugar, CARREFOUR afirmó que la campaña “Carrefour Discount” no podía considerarse publicidad comparativa puesto que no se refería a eventuales competidores y, por lo tanto, no cabía la posibilidad de que infringiera la norma 22 del Código.
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Finalmente, en relación con la infracción relativa a la norma 1 del Código, alegó que los anuncios objeto de la reclamación no desmerecían la actividad publicitaria ni suponían una burla respecto de la publicidad de otras empresas. CARREFOUR sostenía que, en todo caso, serían interpretables como una crítica humorística amparada por el derecho a la libertad de expresión.
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2.4 El veredicto
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La Sección Quinta del Jurado de Autocontrol, tras referirse a que consideraba irrelevante determinar si la publicidad reclamada debía o no ser calificada como un supuesto de publicidad comparativa, declaró:
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«En atención a lo expuesto, entiende la Sección del Jurado que el presente caso ha de resolverse conforme a lo dispuesto en la norma 21 del Código de Conducta Publicitaria. Esta norma regula la publicidad denigratoria con los siguientes términos: La publicidad no deberá denigrar ni menospreciar, implícita o explícitamente, a otras empresas, actividades, productos o servicios. No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En particular, no se estimarán pertinentes las alusiones a las circunstancias personales del empresario o de su empresa.»[2]
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En este contexto, la Sección Quinta del Jurado concluyó:
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«Si se aplican las pautas hasta aquí expuestas al caso que nos ocupa, la Sección del Jurado debe concluir que nos encontramos inequívocamente ante un supuesto de publicidad denigratoria[3]. En efecto, la publicidad analizada no se limita a transmitir un mensaje sobre el precio inferior de los productos promocionados frente a los productos competidores. Antes al contrario, sugiere también que estas diferencias de precio carecen de justificación alguna y se establecen por razones completamente ajenas al producto en sí y a sus características.
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En efecto, basta con revisar la descripción de los anuncios reclamados […] para comprobar cómo todos ellos, bajo distintas apariencias formales, narran una misma historia: la de una persona que desea adquirir un producto sin más, desprovisto de cualquier elemento sugestivo ajeno al producto en si y a sus características. La respuesta a las necesidades de los protagonistas de los anuncios está constituida por el producto promocionado, en relación con el cual, una vez encontrado, se destaca su precio inferior.
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De esta forma, […] la publicidad analizada transmite a los consumidores un claro mensaje sobre los productos competidores: existen ocasiones en las que se intenta convencer al consumidor de la adquisición de éstos por razones meramente sugestivas y que son completamente ajenas al producto en si y a sus características, justificándose además con ello un precio eventualmente superior.
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Para este Jurado, es claro que este mensaje supone una descalificación global y genérica de los productos competidores, e incurre en un supuesto de publicidad denigratoria[4].»[5]
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Sorprendentemente, el Jurado de Autocontrol no aceptó que los anuncios reclamados se desarrollaban en clave de humor e ironía. Aunque reconoció que «es cierto que los mensajes que analizamos están presididos por un tono clara y marcadamente humorístico»[6], estimó «… que tras esta apariencia formalmente humorística subyace un mensaje creíble y objetivable: en ocasiones, se intenta convencer al consumidor de la adquisición de un determinado producto con un precio superior por razones que resultan ajenas al producto y a sus características»[7].
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A mayor abundamiento, el Jurado subrayó que, en la medida en que la publicidad encerraba un cierto grado de burla o mofa frente a la actividad publicitaria en general, y frente a la desarrollada por algunos competidores en particular, estimaba que la publicidad reclamada vulneraba también la norma 1 del Código de Conducta Publicitaria (conforme a la cual ninguna comunicación publicitaria deberá desmerecer del servicio que la publicidad rinde al mercado a cuyo buen funcionamiento se ordena).
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Por todas estas razones, la Sección Quinta del Jurado de Autocontrol, acordó:
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«1. Estimar la reclamación presentada por Promarca, Asociación Española de Empresas de Productos de Marca, frente a una publicidad de la que es responsable Centros Comerciales Carrefour S.A.
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2. Declarar que la publicidad reclamada infringe las normas 1 y 21 del Código de Conducta Publicitaria.
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3. Instar al anunciante el cese de la publicidad reclamada.»
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3. El Recurso de alzada de “Centros Comerciales Carrefour S.A.”
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CARREFOUR interpuso recurso de alzada que fue desestimado por el Pleno mediante Resolución de 20 de julio de 2010.
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Entre los diversos motivos en los que se basó tal decisión destacaremos los siguientes:
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- el Pleno del Jurado compartía en buena medida las apreciaciones de la Sección en el sentido de que algunos de los anuncios reclamados (de forma particular, los relativos a la pasta y a los aceites) podían encerrar referencias suficientemente inequívocas a competidores concretos;
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- que en algunos de los anuncios reclamados (en particular, en relación con la recomendación de un aceite por un cocinero famoso o la alusión a la Toscana en el anuncio de la pasta) se hacían referencias inequívocas y fácilmente identificables a anuncios previamente difundidos por otros competidores;
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- que el mensaje publicitario en cuestión transmitía la idea de que existen productos para cuya adquisición se apela a razones sugestivas, irreales y ajenas al producto en sí (al hecho de ser galletas, espagueti o aceite) y que, por otro lado, CARREFOUR ofrecía la posibilidad de adquirir sencillamente los productos en sí a un precio más bajo (sensu contrario se infería con claridad de dicho mensaje que otros competidores comercializaban sus productos a un precio más elevado bajo la excusa o justificación de circunstancias ajenas al producto, como son: el diseño de la etiqueta, la recomendación de un cocinero famoso, viajar a la Toscana, levantarse radiante, etc.);
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- que, aunque el tono humorístico es un elemento que está presente en el desarrollo de los anuncios, en el caso de la publicidad controvertida, el humor no intervenía de modo que se estuviera ante expresiones publicitarias absolutamente increíbles y desprovistas de mensaje concreto alguno para los consumidores; y
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- que, bajo el ropaje o la forma humorística, se encubría un mensaje objetivo y creíble que se pretendía trasladar a los consumidores, según el cual los restantes productos competidores apelaban a elementos superfluos y ajenos al producto para convencer a los consumidores sobre su opción de compra.
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4. Comentarios
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Desde todo el respeto que nos merece Autocontrol, estimamos que la Resolución en cuestión no es del todo acertada.
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Puede considerarse, además, que la reclamación partió de un sentirse aludido, ya bastante equívoco (por aquello de que excusatio non petita, accusatio manifesta).
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Favorables desde siempre a una publicidad inteligente y eficaz, entendemos que el buen humor y la imaginación pueden suponer una bocanada de aire puro en una televisión sobrecargada de anuncios en los que famosos y famosillos, previo pago, alaban productos que, probablemente, nunca han probado.
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Es cierto que es lícito tanto sugerir emociones como realizar afirmaciones hiperbólicas[8]. En este sentido, creemos que no debería impedirse que, mediante una campaña de publicidad con mucha ironía (¿sorna?), se haga un guiño al consumidor (un poco harto de que se le sugiera que tal o cual producto es más saludable porque los productores donan dinero a una ONG o a un centro de investigación, etc. etc.).
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Seguramente, la Resolución que nos interesa, se basa en una interpretación (¿excesivamente?) literal del Código de Conducta Publicitaria. No nos parece oportuno, sin embargo, que éste se aplique de forma que no tenga en cuenta la percepción de la publicidad testimonial de expertos que ya tiene en la actualidad el consumidor medio y, que, al mismo tiempo, impida no tomarse demasiado en serio los anuncios hiperbólicos y que nos ofrecen consumir productos (¿superfluos[9]?) que nos hacen soñar…

Notas:
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[1] Las opiniones expresadas en esta nota (cuya primera versión se publicó en: Revista de Derecho Alimentario, nº 61, 2010, 21-24) son de la exclusiva responsabilidad de la autora.
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[2] Véase el punto 2 de la Resolución que nos interesa.
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[3] La cursiva es nuestra.
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[4] Idem.
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[5] Véase el punto 5 de la Resolución en cuestión.
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[6] Ibidem, punto 6.
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[7] Ibidem.
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[8] Véase la nota 37 de las Directrices tituladas “Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices” [documento SEC(2009) 1666, de 3 de diciembre de 2009, del que, salvo error por nuestra parte, no se ha publicado la versión castellana, y que puede consultarse en la siguiente página de Internet: http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/Guidance_UCP_Directive_en.pdf (consultada el 6 de diciembre de 2009)].
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[9] ¿Quién puede/debe, en nuestra sociedad de consumo, decidir qué es superfluo…?
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[para consultar la Revista Redeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 24, 41-48

2010-11-08T04:54:00.000-08:00

La futura “Acta del Mercado Único” de la UE: de lo mejor a lo peor…
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CLARA VIDRERAS PÉREZ
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1. Introducción
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A finales de octubre de 2010 la Comisión Europea publicó una Comunicación titulada “Hacia un Acta del Mercado Único”[1]. En dicho documento se presentan cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos, algunas de las cuales comentaremos en la presente nota.
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Nuestro primer comentario (crítico) se refiere a la forma en la que la Comisión titula la citada Comunicación[2]: consideramos que, en realidad, no va más allá de un Libro Blanco, pues con su publicación se inicia una consulta pública y se invita a los interesados a expresar sus opiniones sobre la reactivación del Mercado único y, en particular, sobre las 50 medidas propuestas en dicho documento (comentarios que deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica: http://ec.europa.eu/internal_market/smact ). Cabe mencionar que los interesados deberán enviar sus contribuciones a la Comisión el 28 de febrero de 2011 a más tardar. Posteriormente, «a la luz de las respuestas recibidas, la Comisión propondrá sellar[3] el compromiso de las demás instituciones en torno a la versión definitiva del Acta del Mercado Único»[4].
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Al término de la consulta y teniendo en cuenta las conclusiones que se extraigan, la Comisión espera que el conjunto de las instituciones europeas se comprometan, a principios de 2011, a convertir el Acta que se propone y sus 50 medidas en el plan de acción estratégico definitivo para el período 2011-2012.
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2. Un crecimiento fuerte, sostenible y equitativo para las empresas
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En el primer capítulo de la Comunicación que nos interesa (titulado precisamente “Un crecimiento fuerte, sostenible y equitativo para las empresas”), se recuerda que, en la UE, veinte millones de empresas proveen 175 millones de puestos de trabajo y abastecen de bienes y servicios a 500 millones de consumidores europeos, así como a muchos otros del mundo entero. En dicho capítulo se subraya también que el Mercado único es un factor determinante de la competitividad de esas empresas y, por lo tanto, es necesario «… ofrecerles un entorno propicio e incitarlas a desarrollarse, comprar, vender e invertir libremente en toda Europa y más allá»[5].
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Por lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas (que son las que ofrecen el mayor potencial de empleo) se afirma que su papel dentro del Mercado único merece una especial atención así como actuaciones específicas para responder a sus preocupaciones. Concretamente, en el epígrafe nº 1.3 de la Comunicación (titulado “En favor de las pequeñas y medianas empresas”), se insiste en que las PYME europeas son fuente de innovación y empleo, y se concluye que «… son las grandes empresas del futuro».
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Por ello, en el ámbito del Mercado único las autoridades competentes han de velar muy particularmente por el establecimiento de un entorno jurídico favorable para su creación y expansión.
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En este contexto, el acceso a la financiación es un aspecto esencial, por lo que se anuncia en la Propuesta nº 12 que:
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«La Comisión adoptará en 2011 un plan de acción para mejorar el acceso de las PYME a los mercados de capitales. El plan comprenderá medidas destinadas a incrementar la visibilidad[6] de las PYME ante los inversores, a desarrollar una red eficaz de bolsas o mercados regulados orientados específicamente a las PYME, y a adaptar más a las PYME los requisitos de admisión a cotización y de publicidad».
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Además, la Propuesta nº 13 nos informa de que:
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«La Comisión evaluará la iniciativa en favor de las PYME (Small Business Act) de aquí a finales de 2010, con vistas a velar, entre otras cosas, por la aplicación del principio de pensar primero a pequeña escala en la pertinente política y el procedimiento legislativo y de vincular así estrechamente la iniciativa en favor de las PYME a la estrategia Europa 2020».
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Estamos de acuerdo con la Comisión en que la falta de armonización en materia fiscal es un elemento perturbador en el Mercado único. Aunque sabemos que los Estados miembros se opondrán implacablemente a ello, nos satisface que se prevea (Propuesta nº 19) que:
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«La Comisión tomará iniciativas para mejorar la coordinación de las políticas fiscales nacionales, en particular, a través de una propuesta de Directiva orientada a establecer una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades en 2011».
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Nos parece también que vale la pena destacar la información que se nos facilita en la Propuesta nº 20 en el sentido de que:

«La Comisión publicará una nueva estrategia sobre el IVA en 2011, a la luz de un Libro Verde en el que se reexaminará en profundidad el sistema del IVA y que está previsto publicar en 2010».
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Por otra parte, se revela (Propuesta nº 42) que:
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«La Comisión adoptará, antes de que concluya 2010, una comunicación encaminada a determinar y suprimir los obstáculos fiscales con los que se enfrentan todavía los ciudadanos europeos».
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En otro orden de cosas, en la Propuesta nº 45 se comunica que:
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«La Comisión presentará, a principios de 2011, una estrategia con vistas a ampliar el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) a otros ámbitos legislativos en 2011 y crear una verdadera red electrónica de contacto directo entre las Administraciones europeas. Esta estrategia se plasmará en una propuesta legislativa.»
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Nos parece oportuno recordar que el citado IMI se concibió como una herramienta flexible de ayuda a la cooperación administrativa establecida en apoyo de diferentes normativas sectoriales. Para aprovechar plenamente su potencial, es necesario desarrollar una estrategia clara que permita ampliarlo a otros sectores y crear sinergias entre el IMI y otros instrumentos informáticos.
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3. Normalización: se necesita un cambio radical
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En nuestra opinión, la actual gestión de la elaboración y adopción a nivel comunitario de normas voluntarias no es satisfactoria: el corporativismo y los intereses de algunos grupos de presión han logrado desvirtuar un sector que, en principio, debería aportar sólo ventajas para consumidores y empresas…
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En este sentido, la Propuesta nº 6 de la Comisión anuncia lo siguiente:
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«La Comisión propondrá en 2011 una modificación del marco regulador de la normalización, a fin de hacer los procedimientos de normalización más eficaces, eficientes y participativos, y de hacer extensivo al ámbito de los servicios el recurso a dichos procedimientos».
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Esperemos que tal iniciativa se lleve a la práctica de forma adecuada y se desarrolle «… el actual marco de normalización, en concertación con los organismos nacionales competentes en la materia, con objeto de hacer posible una fijación más rápida de las normas, en sintonía con los avances tecnológicos y permitiendo a todos los interesados (empresas, consumidores y autoridades públicas) participar plenamente en la elaboración de tales normas»[7].
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Aunque en principio estamos en contra de toda iniciativa que suponga un aumento de la burocracia, nos parece que la Propuesta nº 9 es acertada:
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«La Comisión propondrá una iniciativa orientada a crear un Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas, a fin de estudiar las deficiencias del mercado y los aspectos relacionados con la normalización, la innovación y el comercio internacional en sectores tales como los de logística, gestión de instalaciones, mercadotecnia y publicidad[8]».
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4. ¿Nos olvidamos de los consumidores?
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Si nos atenemos a la Propuesta nº 39:
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«La Comisión elaborará en 2011 un plan de acción plurianual para desarrollar la supervisión europea del mercado. Además, en colaboración con los servicios aduaneros y las autoridades de supervisión de los Estados miembros, la Comisión elaborará en 2011 directrices para los controles aduaneros encaminados a la seguridad de los productos. La Comisión propondrá igualmente una revisión de la Directiva sobre la seguridad general de los productos, a fin de implantar un marco coherente y eficaz que garantice la seguridad de los bienes de consumo en la UE.»
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Salvo error por nuestra parte, ésta es la única Propuesta que se refiere a una de las exigencias más generalizadas entre los consumidores europeos: que su salud y sus derechos estén protegidos en toda la UE, especialmente si se trata de amenazas o riesgos a los que no pueden hacer frente de manera individual.
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Para atender a esa demanda, la Comisión reforzará la supervisión del mercado con vistas a la seguridad de los productos en la UE: «el objetivo se alcanzará a través de un plan de acción que se pondrá en marcha en 2011 y mediante el cual se procurará intensificar la coordinación entre las autoridades nacionales de supervisión del mercado, a fin de velar por que las mercancías que circulan libremente en el mercado único sean seguras y fiables para el consumidor»[9]. Según la Comisión, «de esta forma se garantizarán iguales condiciones de competencia, lo que permitirá a las empresas serias[10] aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece un mercado de 500 millones de consumidores»[11].
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4. Mejorar la red de transportes
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La Propuesta nº 7 prevé que:
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«La Comisión adoptará en 2011 un Libro Blanco sobre la política de transportes, en el que se propondrán una serie de actuaciones orientadas, en particular, a eliminar los obstáculos residuales[12] identificados entre los sistemas y entre los modos de transporte nacionales».
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Ya está visto que en los próximos años seguirá in crescendo la proliferación de Libros Blancos (y Verdes)…
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Siempre en relación con los transporte, la Propuesta nº 26 se refiere a que:
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«La Comisión aprobará en 2011 una revisión de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, así como una propuesta de marco global de financiación de las infraestructuras de transporte».
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5. ¿Más ecotasas?
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Una de las Propuestas más alarmante es la nº 8:
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«La Comisión adoptará en 2011 una propuesta de revisión de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos, a fin de reflejar mejor los objetivos climáticos y energéticos de la UE en el contexto fiscal, basando los tipos mínimos de gravamen en las emisiones de CO2 y en el contenido energético».
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La Comisión se apunta por lo tanto a la lista de instituciones dispuestas a favorecer la introducción de nuevas ecotasas, impuestos supuestamente medioambientales cuyo único beneficio es recaudatorio… ¡Sin comentarios!
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6. La huella ecológica y otros desatinos: la Comisión abre la caja de Pandora
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También nos parece poco tranquilizadora[13] la Propuesta nº 10:
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«La Comisión analizará, antes de 2012, la oportunidad de una iniciativa sobre la huella ecológica de los productos, con vistas a hacer frente al problema del impacto medioambiental de los productos, incluidas las emisiones de CO2. En el marco de esta iniciativa se examinarán los medios para establecer una metodología europea común para su evaluación e indicación».
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A fin de justificar la citada Propuesta la Comisión esgrime el siguiente argumento: «ciertos sectores industriales y algunos Estados miembros han desarrollado sus propias normas para medir el impacto medioambiental, lo que ha dado lugar a una proliferación de normas divergentes e incompatibles en la UE, que podría crear obstáculos para la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único al imponer a las empresas múltiples exigencias, con costes elevados»[14].
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Si realmente el objetivo de la Comisión es oponerse a un método cuya única finalidad es proteger la producción local en detrimento del principio de la libre circulación de mercancías (productos alimenticios), se trata de una Propuesta coherente.
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No obstante mucho nos tememos que la Comisión no haya hecho más que abrir la caja de los truenos: si el proteccionismo se apoya en los criterios más retrógrados de algunos grupos de presión ecologista, y logra imponer la indicación en el etiquetado de la huella ecológica, el Mercado único sufrirá un duro revés…
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7. Conclusión
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Según la Comisión, completar, desarrollar y explotar plenamente el Mercado único de la UE aplicando las medidas propuestas en la citada Comunicación originaría un crecimiento potencial del orden del 4 % del PIB durante los diez próximos años[15].
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Ciertamente, no le falta la razón a la Comisión al formular dichas previsiones, aunque, de todos modos, cabe preguntarse si la tan pomposa (e incorrectamente[16]) denominada “Acta del Mercado Único” servirá para algo más que para mejorar supuestamente la deteriorada imagen del Presidente BARROSO… ¡Está por ver!
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Notas:
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[1] Documento COM(2010) 608 final de 27 de octubre de 2010, cuyo subtítulo es “Por una economía social de mercado altamente competitiva”. Véase dicho documento en la siguiente página de Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:ES:PDF .
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[2] Véase, sobre este mismo tema: FERNÁNDEZ MARILGERA, "El Acta del Mercado Único: un seudo-Libro Blanco ni-ni (ni convence, ni servirá para nada)", Gaceta del InDeAl, Vol. 12, n° 4, 2010, 1-2.
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[3] La cursiva es nuestra.
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[4] Véase la “Conclusión” del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1.
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[5] Véase también el primer capítulo del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1.
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[6] La cursiva es nuestra.
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[7] Véase el epígrafe nº 1.2 (“Promover nuevas pistas en pro de un crecimiento sostenible”) del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1.
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[8] Véase la Comunicación “An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage” [documento COM(2010) 614 de 27 de octubre de 2010]. Cuando redactamos la presente nota (noviembre de 2010) no existe la versión castellana de dicho documento.
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[9] Véase el epígrafe nº 2.5 del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1.
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[10] La cursiva es nuestra.
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[11] Véase también el epígrafe nº 2.5 del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1 [permítasenos mencionar también que, en la Propuesta nº 43, se anuncia que «la Comisión adoptará en 2012 una propuesta de modificación del Reglamento relativo a los derechos de los pasajeros aéreos, en particular a la luz de los efectos de la crisis provocada recientemente por el volcán islandés, y, de adoptarse la propuesta legislativa referente al transporte por carretera (autobuses y autocares), una comunicación sobre los derechos de los viajeros de cualquier modo de transporte».
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[12] La cursiva es nuestra.
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[13] Véase: FERNÁNDEZ MARILGERA, obra citada en la nota 2, 6-7.
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[14] Véase el epígrafe nº 1.2 del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1.
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[15] Véase la “Introducción” del documento COM(2010) 608 final citado en la nota 1.
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[16] Véase: FERNÁNDEZ MARILGERA, obra citada en la nota 2, 7-8.

[para consultar la Revista Redeco: http://socdercon.blogspot.com/ ]

ReDeco, Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación, nº 24, 1-2

2010-10-22T08:59:00.000-07:00

Editorial:

¡Todos contra el canon digital!
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En ReDeco nos hemos opuesto sistemáticamente a la aplicación del canon por copia privada en beneficio exclusivo (y, en nuestra opinión, abusivo) de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
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En este contexto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de octubre, en la que se declara que dicho canon no es conforme con el Derecho de la UE cuando se aplica a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada, no nos satisface plenamente.
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En efecto, según parece, sí será posible aplicarlo a dichos soportes cuando éstos puedan ser utilizados por personas físicas para su uso privado.
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Nunca hemos comprendido por qué el Gobierno español ha hecho todo lo posible por enriquecer injustamente a la SGAE que, luego, reparte de forma discriminatoria la sopa boba… ¡nunca mejor dicho!
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En su sentencia, el Tribunal de Justicia (TJ) señaló que la compensación equitativa a la que se hace referencia en el artículo 5.2(b) de la Directiva 2001/29/CE* debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por el autor tras la reproducción no autorizada de su obra protegida. Por consiguiente, dicho perjuicio constituye el criterio básico para calcular su importe. Además, el TJ indicó que la citada Directiva prevé que se mantenga un justo equilibrio entre los titulares de los derechos y los usuarios de prestaciones protegidas. Por lo tanto, la persona que realiza tal reproducción para su uso privado es quien, en principio, debe reparar el perjuicio, financiando la compensación que se abonará al titular.
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Según el TJ, el perjuicio derivado de cada utilización privada, considerada individualmente, puede resultar mínimo y no dar origen a una obligación de pago y, por otro, pueden presentarse dificultades prácticas para identificar a los usuarios privados y obligarles a indemnizar a los titulares de los derechos. Dadas las circunstancias, los Estados miembros tienen la facultad de establecer un canon por copia privada que grava a las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital. El TJ estimó que la actividad de dichas personas -consistente en la puesta a disposición de equipos, aparatos y soportes de reproducción a favor de usuarios privados o la prestación a éstos de un servicio de reproducción- constituye la premisa fáctica necesaria para que las personas físicas puedan obtener copias privadas. Por otro lado, siempre según el TJ, nada impide que el importe del canon se repercuta en el precio de los soportes de reproducción o en el del servicio de reproducción, de modo que, en definitiva, los usuarios privados asuman la carga y se respeten los requisitos del justo equilibrio.
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Además, el TJ declaró que un sistema de canon por copia privada sólo es compatible con dicho justo equilibrio en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas.
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El razonamiento del TJ no nos convence… consideramos que el citado canon, incluso tras el recorte impuesto por el fallo en cuestión, se basa en la presunción de que todos somos delincuentes y, al garantizar la percepción de un impuesto revolucionario (!) en contra de la voluntad de los consumidores usuarios, desincentiva que se persiga (¿identifique?) a los que realmente infringen la legislación vigente.
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Por ello, esperamos que se siga la lucha contra el canon, lo que, si ya no es posible jurídicamente, siempre puede llevarse a cabo políticamente…
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* Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO nº L 167 de 22 de junio de 2001, pág. 10).

Consultar la sentencia “SGAE”, de 21 de octubre de 2010, en: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-467/08

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Novedad editorial: “Alimentación y Derecho”

2010-10-21T08:10:00.000-07:00

● J. ARANCETA y N. AMARILLA, “Alimentación y Derecho: Aspectos legales y nutricionales de la alimentación”. Editorial Médica Panamericana, Madrid (2010) 236 págs.

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El libro que nos interesa, que ha sido publicado a fin de contribuir a la mejora de la información disponible en el sector, es el resultado de una oportuna iniciativa del Área Alimentaria de European Pharmaceutical Law Group.
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La obra en cuestión se compone de diversos capítulos que han sido redactados por especialistas con gran experiencia en la materia. En nuestra opinión, son particularmente interesantes los dedicados a: la información y publicidad sobre productos alimenticios; los alimentos transgénicos; las crisis alimentarias; el consumidor europeo ante la seguridad alimentaria; los perfiles nutricionales a la luz de lo dispuesto en el Reglamento nº 1924/2006; la lucha contra la obesidad; y la restauración colectiva infantil.
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Nos parece igualmente notable el capítulo titulado “¿Podemos equiparar alimentación saludable y alimentación funcional?” de S. MUÑOZ, Á. GIL y E. MARTÍNEZ DE VICTORIA.
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Sin duda alguna, J. ARANCETA y N. AMARILLA, que han seleccionado con gran acierto los diferentes capítulos de “Alimentación y Derecho”, han realizado una encomiable labor por lo que se refiere a la colaboración científico-legal en el sector alimentario.

Para más información, consultar: http://www.eupharlaw.com/publicaciones.asp

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